La Valedora insta a agilizar la respuesta a vecinos en Culleredo y Cambre

La Valedora do Pobo advierte a los Concellos de Cambre y Culleredo por su demora en responder a quejas vecinales. El organismo autonómico abrió sendos expedientes por escritos de vecinos en los que se denunciaba la tardanza de las administraciones municipales en contestar y defiende que deben cumplir los plazos legales con independencia de los problemas de personal, motivo que alegan los informes elaborados por los funcionarios municipales, remitidos tras los requerimientos de la Valedora a los Ayuntamientos. Ambos Concellos aceptaron la recomendación.

«Aun teniendo en cuenta las dificultades técnicas y prácticas a las que pueda enfrentarse una administración local para hacer frente al ejercicio de sus competencias, ello no puede ser óbice para la inobservancia de las normas básicas que lo rigen ni puede explicar que un expediente no se tramite en los plazos legalmente establecidos», sostiene la Valedora en el «recordatorio de deberes legales» enviado a cada Concello, ambos en 2024. Los escritos vecinales que dieron inicio a los expedientes se habían enviado el 23 de agosto de 2023 al Ayuntamiento de Cambre y el 23 de septiembre del mismo año al de Culleredo.

Los reproches de la Valedora a los concellos de la comarca: la lentitud y la falta de respuesta copan las quejas en 2023

En el caso cambrés, la técnica de gestión de Administración general aduce «escasez de personal en el departamento de Secretaría, al que corresponde la tramitación de los expedientes relacionados con la gestión patrimonial», y cuya titular ya avisó de la falta de personal en 2022, en un informe al que se remite. Explica también que «los términos del escrito presentado adolecen de ambigüedad, sin que sea posible determinar cuál es el objeto real de su solicitud», por lo que el 4 de marzo de 2024 se le remitió un requerimiento «sin que hasta hoy se tenga constancia de la recepción del mismo». Apunta que «resulta necesario conocer» las «concretas pretensiones del solicitante» para resolver si el caso resulta admisible y, en su caso, «incoar el pertinente procedimiento». La Valedora reprende al Concello por el tiempo transcurrido desde que el vecino presentó la solicitud hasta que se emitió el requerimiento para que la aclarara, más de seis meses.

En Culleredo, el informe municipal, además de alegar «reiteradas y acumuladas bajas» y una «inabordable carga de trabajo», sostiene que «en los supuestos en que la Administración no resuelve una reclamación por responsabilidad patrimonial en el plazo de seis meses, el particular afectado puede interponer un recurso contencioso-administrativo contra el acto presunto denegatorio». La Valedora recuerda la «obligación legal de dictar resolución expresa en plazo» y que su incumplimiento «dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria».

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