Ayuda en el hogar en Sada: con precios desfasados y el contrato en el aire

El contrato de ayuda en el hogar está en el aire y podría mantenerse en precario durante los próximos meses si la empresa concesionaria no acepta la prórroga que solicitó este jueves in extremis el pleno con los únicos votos de PP y Unidos por Sada. Estos dos partidos, junto por el PSOE, forzaron un pleno para debatir sobre el estado de las contrataciones y acordar la prórroga de este servicio y del contrato de la escuela infantil, dado que ambos expiran este mes.

El Ejecutivo desveló durante la sesión que no solicitó la moratoria del contrato del SAF en el plazo que establece la ley (que marca dos meses de preaviso) por lo que la concesionaria podría negarse a aceptarla. En ese caso, al tratarse de un servicio obligatorio, se seguiría prestando en precario hasta que se adjudique un nuevo contrato.

El Gobierno local admitió que este servicio básico de atención a mayores y dependientes presenta un importante descuadre con respecto a los costes reales, dado que se mantienen las condiciones de hace cuatro años. La diferencia en términos salariales con respecto al borrador del nuevo pliego es del 35%, según desveló Unidos por Sada y reconoció el Ejecutivo. Tanto en caso de prórroga como en que el servicio se mantenga en precario, el Concello no puede modificar los costes, por los que este desfase se mantendrá varios meses, hasta que se formalice un nuevo contrato.

Todos los grupos de la oposición afearon al Ejecutivo de Sadamaioría su tardanza en abrir una nueva licitación. Soraya Salorio, de Unidos por Sada, recordó que su formación apremió en varias ocasiones a iniciar los trámites para formalizar un nuevo contrato con los costes actualizados y afeó a Sadamaioría que incumpliese su compromiso de abril de 2024 de ponerse a trabajar en el nuevo pliego. «No iniciaron nada hasta febrero de 2025, diez meses después», reprochó Salorio al Gobierno local y advirtió: «Mañana [día que expira el contrato] veremos qué pasa, pero esto no es no es lo que se merecen los vecinos, la empresa y las trabajadoras. Lo dije hace un año y lo vuelvo a repetir».

El alcalde, Benito Portela, y la responsable de Servizos Sociais, Patricia Martínez, replicaron que los pliegos están finalizados y pendientes de informe y alegaron que decidieron no solicitar la moratoria del contrato en el plazo que fija la ley porque supondría prorrogarlo durante todo el año. Ambos advirtieron de los riesgos de alargar tanto tiempo esta situación por el desfase entre las condiciones que fija el contrato actual y los costes reales del servicio, que provocarían un desequilibrio y pondrían en riesgo la sostenibilidad del servicio (el precio por hora en vigor es de 17 euros y el que establece el borrador del nuevo pliego, de 23, desvelaron). Pese a todo, Sadamaioría optó por abstenerse y facilitar que el pleno solicitase la prórroga a la concesionaria, que decidirá ahora si la acepta o no. Solo el BNG votó en contra, alegando que era preferible que el servicio permaneciese en precario hasta que se adjudique un nuevo contrato a mantener un año de prórroga en estas condiciones.

El pleno acordó también pedir la prórroga del contrato de la escuela infantil, aunque en este caso parece que la concesionaria sí estaría dispuesta aceptar la moratoria. En este caso, el nuevo pliego establece un incremento del gasto de cerca de 150.000 euros. El Ejecutivo pretendía consignar los créditos a través de un suplemento que no prosperó (Unidos por Sada, PP y PSOE votaron en contra de la urgencia).

Bronca por contratos

El debate sobre contrataciones forzado por PP, UPSA y PSOE (la edil socialista se ausento por causas laborales) fue el más bronco del pleno. PP y UPSA denunciaron la «negligencia» en el control de obras, llegando a denunciar a una malversación en las obras de Sanjurjo Badía por la certificación de más de 60.000 euros en trabajos no ejecutados. El Ejecutivo defendió los trabajos y leyó una larga relación de obras realizadas durante sus mandatos, pero sin referirse en concreto a ese supuesto fraude en la certificación pese a la reiterada petición de explicaciones de los grupos.