El Superior revoca las multas de Sada a la empresa redactora del plan general

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha revocado una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de A Coruña que avaló las dos multas de 1.000 y 1.500 euros que impuso el Concello de Sada a la empresa redactora del plan general, Monteoliva Arquitectura, por un supuesto incumplimiento defectuoso del contrato. Los jueces anulan el fallo y condenan además al Ayuntamiento a devolver a la firma los 7.951 euros de avales del contrato. La sentencia no es firme y puede recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo.

El Concello de Sada acordó el inicio del expediente por recomendación de los servicios jurídicos en abril de 2022, durante el Gobierno tripartito liderado por Benito Portela (Sadamaioría), y aprobó imponer las multas por resolución de la Junta de Gobierno Local en diciembre de 2022 y abril de 2023, ya durante el mandato de María Nogareda.

Los motivos alegados para imponer estas penalidades a la empresa redactora fueron el cumplimiento defectuoso del contrato y la negativa de la redactora a entregar unos ficheros.

Las multas tienen su origen en la detección de unos errores en la cartografía cuatro años después de que la Xunta aprobase de forma definitiva el plan general (salvo en lo relativo al sector UEI-8 de Párroco Villanueva). En 2022, Monteoliva presentó un documento para la corrección de estos errores que fue elevado a pleno por el tripartito presidido por Sadamaioría, pero la propuesta fue tumbada parcialmente con los votos de PP, PSOE y Alternativa dos Veciños que, siguiendo las recomendaciones de la secretaria municipal, forzaron a retirar dos de las propuestas de subsanación para tramitarlas mediante una modificación puntual del plan general al entender que no podían considerarse meros errores.

El acuerdo derrivó el apertura del expediente

Este acuerdo derivó en la apertura del expediente a la redactora en abril de 2022 para instarla a iniciar los trámites de la modificación puntual del PXOM y subsanar los otros dos errores. Monteoliva se opuso alegando que ya había cumplido su obligación al presentar las correcciones y afirmó que con este orden el Concello de Sada vulneraba los principios de buena fe e incurría en desviación de poder. Los servicios jurídicos recomendaron desestimar sus alegaciones y ratificar las sanciones.

Su decisión fue avalada por el juzgado de primera instancia, pero el Alto Tribunal revoca ahora el fallo al entender, entre otros extremos, que estas resoluciones sancionadoras incumplen lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y en el pliego de condiciones. Entre otros motivos, los jueces consideran que no se puede concluir que la empresa hubiese incurrido en un incumplimiento grave del contrato cuando «corrigió voluntariamente los errores», cuya entidad cuestiona.

Todo este proceso propició en su momento una fuerte controversia política en Sada y fue uno de los detonantes de la moción de censura contra Benito Portela que aupó a María Nogareda a la Alcaldía. Sadamaioría defendió en aquel momento sin éxito tramitar todos los errores mediante la vía de corrección y apeló a la urgencia de aprobar una de ellas en concreto, la dirigida a intentar legalizar el edificio con orden de derribo de Sada y Contornos. Tras fracasar esta vía, el Ejecutivo decretó la apertura del expediente sancionador ahora anulado alegando que era la vía recomendada por los servicios jurídicos.