El juzgado saca a subasta tres chalés de la urbanización ilegal de Porto Brasa

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Betanzos ha sacado a subasta tres de los 15 chalés de la urbanización ilegal Porto Brasa de Sada. La puja se enmarca en un procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado a instancia de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) contra una inmobiliaria.

Los chalés salen a subasta por un valor de 303.495 euros en reclamación de una deuda de 458.199 euros de principal y 137.459 de intereses y costas, según detalla el edicto judicial.

Estas tres viviendas salen a puja diez años después de que el Tribunal Supremo rechazase el último recurso del Concello de Sada para intentar salvar del derribo este complejo residencial de 15 viviendas. La urbanización Porto Brasa fue construida por la promotora Gervasio Carballo e Hijos al amparo de una licencia y un estudio de detalle aprobados en el año 2000, durante el Gobierno de Ramón Rodríguez Ares (por entonces en el PP) y que fueron declarados ilegales por la Justicia en 2008 tras la denuncia de un particular.

Los jueces concluyeron que la licencia concedida en 2005 por el Concello de Sada para intentar legalizar el ámbito tampoco respetaba la legalidad al amparar una parcelación indebida y una apertura de vías públicas que excedía las posibilidades del planeamiento.

El plan general aprobado en 2017 incluye la urbanización en un plan especial que ordenará el ámbito con las cesiones para dotaciones, espacios libres y aprovechamiento municipal.

A consulta de este diario, el Ayuntamiento de Sada explica que el procedimiento de ejecución de la sentencia de Porto Brasa está abierto, aunque todavía es pronto para conocer las medidas que deberán adoptarse para regularizar este ámbito.

Esta urbanización de Fiunchedo es uno de los frentes urbanísticos que tiene abiertos el Concello sadense, que citaba en el plan general cinco urbanizaciones o edificios con sentencia de derribo. El departamento municipal de Urbanismo tramita actualmente sendas modificaciones del plan general para intentar regularizar dos de los sectores y evitar una posible indemnización millonaria. En concreto, estos cambios afectan al edificio de Sada e Contornos y la urbanización La Soleada, en Meirás, ambos con orden de derribo.