Expropiados exigen a Culleredo 18,4 millones por otro convenio sin cumplir

Culleredo se enfrenta a una nueva reclamación económica por un convenio urbanístico incumplido. Propietarios de terrenos que en su día pasaron a formar parte del paseo marítimo de O Burgo exigen por vía judicial 18,4 millones de euros al Ayuntamiento cullerdense por no haber cumplido el convenio expropiatorio, de 1996 y con una adenda de 2002 que precisa las superficies edificables y usos. El Gobierno local incide en que el convenio es «muy anterior al alcalde [José Ramón Rioboo] y la Corporación actual, ya que es de hace 29 años» y se opone a la demanda. El regidor muestra su «firme determinación en cuanto a la defensa de los intereses municipales y a rechazar el pago de cuantía alguna».

Los afectados han presentado denuncia en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de A Coruña, como recurso a la presunta desestimación por silencio del Concello cullerdense de una reclamación presentada en abril de 2024. El acuerdo recogía que el Ayuntamiento pagaría por la edificabilidad concedida en diferentes parcelas si no llegaba a materializar la entrega de los suelos comprometidos, que preveía gestionar a través del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). El acuerdo fijaba 24 meses (dos años) de plazo para cumplir la entrega de la edificabilidad en suelo. De incumplirse esta primera vía, se marcaban seis meses para el abono del dinero correspondiente, recoge la denuncia.

Los afectados reclaman «el precio de la edificabilidad no entregada» y comprometida a cambio de los 131.715 metros cuadrados que, sostiene el escrito de denuncia, se cedieron. Defienden que la fecha de referencia para calcular el valor de la edificabilidad debe ser abril de 2024, cuando los herederos —el titular a la firma del convenio ha fallecido— reclamaron al Concello.

La denuncia afea la «pasividad» del Concello. Afirma que, a partir de la firma de la adenda, en 2002, «el Ayuntamiento no ha contestado ninguno de los escritos, consultas y reclamaciones» y que el juzgado tuvo que requerir el envío de documentos en más de una ocasión.

La denuncia, del pasado mes de septiembre, llega después de que el Concello haya sido condenado en los juzgados a pagar por tres convenios incumplidos: uno para obtener los suelos del colegio Ría do Burgo (1,5 millones de euros), otro por Villa Melania (1,24 millones) y otro por suelo para ampliar la Casa del Concello (45.792 euros). En dos de los fallos, la indemnización dictada por los jueces fue de menor importe que la reclamada.

Rioboo incide, «dada la utilización política de temas similares heredados que están realizando el PP y el BNG», en que él no ha firmado ningún convenio urbanístico y responde «plenamente de su gestión como alcalde desde noviembre de 2017» y «este tema procede de mucho antes». El Concello considera que «no se debe abonar cantidad alguna por dichos terrenos» y, de pagarse, «la cantidad sería notablemente inferior, de poco más de 500.000 euros, de acuerdo con el informe pericial realizado».

El PP ha preguntado varias veces en los últimos años por más convenios urbanísticos pendientes y el Gobierno local dijo no tener constancia. El BNG, y también los populares, han urgido en varias ocasiones la elaboración de un PXOM y tumbaron pagar por Villa Melania a con un crédito extraordinario por falta de planificación.

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