El juzgado ordena al Concello de Sada depositar 4,6 millones para el derribo de dos edificios

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de A Coruña ha dictado un oficio en el que ordena al Concello de Sada depositar 4,6 millones de euros para afrontar las posibles indemnizaciones a propietarios de buena fe que se vean afectados por el derribo de los edificios ilegales de Camiño do Fiunchedo y la Avenida Sada e Contornos.

El juez da el plazo de dos meses al Ayuntamiento, a contar desde el pasado 29 de octubre, para depositar estas garantías y acreditar el inicio y tramitación de los expedientes de demolición de los dos inmuebles, que suman 58 viviendas.

El juzgado reprocha al Concello que no atendiese al requerimiento del 15 de mayo e insta a su alcalde, Benito Portela, a «informar bimensualmente del estado de los expedientes de demolición, bajo apercibimiento de imposición de multas coercitivas, así como de acordar la ejecución subsidiaria [del derribo] por parte de un tercero con cargo al Ayuntamiento».

A consulta de este diario, el regidor avanzó su intención de intentar elevar ya a pleno este mes la retención de este crédito con cargo al remanente de tesorería. De no llegar a tiempo para el ordinario, el Ejecutivo convocaría una sesión extraordinaria para no apurar los plazos marcados por el juzgado. El depósito de estas garantías de 4,6 millones supone un golpe para un Concello que maneja un presupuesto anual de unos 15 millones

Antecedentes

Los edificios sobre los que pende la orden firme de derribo fueron construidos al amparo de una licencia concedida por el Gobierno de Ramón Rodríguez Ares (PDSP) en 2005 que fue anulada por la Justicia por sentencia firme en 2014.

El Concello de Sada comenzó hace ya años los trámites para intentar legalizar uno de los inmuebles, el de la avenida Sada e Contornos 3, de 20 viviendas En febrero de 2022, tras los requerimientos del juzgado para iniciar los trámites del derribo, el Gobierno local propuso sin éxito a la Corporación intentar regularizar su situación mediante una corrección de errores del plan general. El Ejecutivo argumentó que esta vía permitiría ganar tiempo frente a una modificación puntual del planeamiento pero el PP, PSOE y sus por entonces socios de Alternativa dos Veciños (ahora en UPSA) tumbaron la propuesta en base a un informe desfavorable de la secretaria.

Tras resolver el contrato con la redactora del PXOM, el Concello sacó a concurso sendas modificaciones urbanísticas para intentar legalizar el edificio, aún en trámites y sin fecha para su aprobación definitiva. El Gobierno local ha defendido insistentemente la procedencia de legalizar este inmueble: «¿Se va a demoler un edificio ocupado de 20 viviendas por una diferencia de altura de 24 centímetros y una ocupación en subsuelo de 12 metros cuadrados de un supuesto vial que es un error del PXOM tal como declara el propio equipo redactor?», se preguntaba hace unos años el alcalde.

La regularización del otro edificio, el de Camiño do Fiunchedo, de 38 pisos, está pendiente de la aprobación de un Plan Especial de Reforma Interior que los propietarios comenzaron a tramitar hace ya más de un lustro y que recibió el visto bueno inicial del Concello en 2022. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia respaldó la ordenación propuesta en un fallo que desestimó el recurso del denunciante contra lo que consideraba una legalización fraudulenta. La aprobación definitiva sigue sin fecha. Según ha podido saber este diario, está pendiente de revisar unas cuestiones relativas a una zona verde que llevaron a Secretaría a emitir un informe desfavorable.

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