La Fiscalía recurre la sentencia por la demolición de Casa Carnicero, en Oleiros

El Ministerio Fiscal ha recurrido la sentencia por la demolición de la Casa Carnicero, en la que la Audiencia Provincial de A Coruña absolvió al alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, así como el arquitecto técnico municipal José Luis Jares. Fiscalía todavía no ha precisado los argumentos para impugnar el dictamen, que aún no ha sido remitido al Tribunal Superior de Xustiza. Originalmente, pedían para ambos acusados 15 meses de prisión, 12 años de inhabilitación para cargo público y una multa económica.

En su dictamen, los magistrados de la Audiencia Provincial coincidían con el Ministerio Fiscal en que sí que se requería una autorización de la Xunta para llevar a cabo una demolición, descartando lo expuesto en el juicio por el regidor oleirense, que había afirmado que no requería permiso. El tribunal también comparte que el Ayuntamiento no realizó las medidas cautelares necesarias para proteger el edificio, como el apuntalamiento de las fachadas. Sin embargo, los jueces concluyeron que no pueden condenar a ninguno de los acusados porque «existen dudas incompatibles con la fehaciencia necesaria para enervar la presunción de inocencia».

Los jueces descartaron que se tratase de un delito de prevaricación, porque las supuestas decisiones ilícitas tendrían que «favorecer» a la ruina y los implicados tendrían que haber dictado una resolución injusta «a sabiendas», rompiendo «de forma total» el ordenamiento jurídico. En el dictamen, la Sala señala que los problemas para determinar si es prevaricación surgen de que Casa Carnicero no es un edificio «singularmente protegido», ya que, en el propio Catálogo de Bienes Culturales del Plan General, contaba con un grado de protección «no integral» y que, por tanto, «viene a faltar el elemento objetivo del delito» para una prevaricación especial.

«Hubo justicia porque yo no cometí ningún delito», había destacado Ángel García Seoane, tras conocer el fallo de la sentencia sobre el caso. El alcalde afirmó que él actuó «en defensa de los ciudadanos» a la hora de decidir derribar el inmueble catalogado y reiteró que «no dudó» que era la decisión correcta para evitar que hubiese accidentes por los desprendimientos de la ruina.

Desde el principio el regidor señaló que este caso había sido auspiciado por su oposición política, que no puede ganarle en las urnas. «Se me acusa por parte de aquellos que políticamente no pueden conmigo, pensando que la justicia les tiene que echar una mano para acabar conmigo», sentenció tras ser absuelto.

Esta misma idea se recoge en la publicación más reciente de Vivir en Oleiros, donde el grupo de Alternativa dos Veciños destaca en un editorial que «quedó demostrado que no hay delito». «Casi cinco años después se demostró la total ilegalidad en una actuación de defensa de la seguridad ciudadana, demostrando la responsabilidad con la que siempre actuamos», señala la formación. Puntualizan además que la sentencia era un «fracaso» para los que pretenden acabar con el alcalde y por ende, con el partido. «La calumnia política e incertidumbre judicial no nos paralizó», dicen.

El incendio que destruyó una joya arquitectónica

La saga del caso comenzó el 16 julio de 2020, cuando un incendio arrasó con la vivienda. Los técnicos municipales destacaron en sus informes que la rehabilitación del edificio era prácticamente imposible y que su estado actual suponía un «serio riesgo» de desplome.

En el juicio, Ángel García Seoane justificó el derribo afirmando que la prioridad era proteger a conductores y viandantes para que no hubiese muertes por desprendimientos. El regidor también había señalado que, ante la alerta de temporales los últimos días de ese año, la demolición era algo necesario para asegurar la seguridad de los vecinos y conductores de la N-VI.