El Juzgado anula el acuerdo plenario de Culleredo y obliga a pagar por le convenio de Vila Melania

El juzgado contencioso-administrativo número 2 de A Coruña ha anulado el acuerdo del Pleno de Culleredo, en el que tanto el PP y el BNG habían tumbado un expediente de crédito extraordinario para abonar el convenio incumplido por el que se obtuvo el pazo de Villa Melania, en Vilaboa, y su zona verde. La jueza declara nulo el bloqueo, ya que impide ejecutar la sentencia para indemnizar 1,244 millones a los promotores por un convenio que el Concello no cumplió.

En el auto la magistrada se basa en el artículo 103 de la LJCA par establecer que "son nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento". Con esto, la jueza estima el incidente que alertaron los promotores, que también habían pedido imponer medidas coercitivas para los miembros de la corporación que votaron en contra del expediente de crédito el pasado noviembre. Con todo el juzgado considera que "no ha lugar, de momento a adoptar medidas coercitivas".

Ante esta resolución judicial el Concello ha convocado para mañana, martes 2 de diciembre, una sesión plenaria extraordinaria con un punto único: la propuesta del modificativo de crédito. El Ejecutivo local ya había advertido durante el pleno de septiembre que rechazar el expediente de crédito podría "conllevar consecuencias jurídicas tanto para el Concello como para los responsables de la negativa".

Ambas formaciones había denunciado en el momento que la culpa se situaba en la falta de previsión y propuestas para cumplir el convenio. Este preveía la entrega de un terreno edificable a cambio de la finca de Vila Melania. Tanto populares como nacionalistas destacaron que la parálisis en el Plan Xeral de Ordenación Municipal en los últimos años había frenado estas acciones.

"El PP quiere que se pague la sentencia. Lo que no vamos a aceptar es que se haga de esta manera chapucera e irresponsable", había indicado el PP. "Este es el estado de la cuestión porque, como hay precedentes [de pagos por convenios incumplidos], los pufos de Culleredo cotizan", afirmó el BNG. 

El Gobierno local acusa ambas formaciones de una argumentación electoralista para contravenir una obligación legal. "Este uso político fue especialmente llamativo en el caso del PP, ofreciendo su voto favorable a cambio del cese de la concejala de Urbanismo", denuncia el Ejecutivo municipal, que añade que la edila no había participado en la firma del convenio de 2003. El Ayuntamiento reitera que "no se pueda condicionar el cumplimiento de una sentencia firme a trueques ni vetos partidistas".