Sada aprueba a solo dos horas del fin del plazo el depósito de 4,6 millones para el derribo de dos edificios
El Ejecutivo convocó un pleno extraordinario y urgente a las ocho de la mañana tras recibir el informe de Secretaría
El alcalde, Benito Portela, en el centro en un pleno. / German Barreiros/Roller Agencia
El pleno de Sada dio este miércoles luz verde por unanimidad al depósito de 4,6 millones para responder de posibles indemnizaciones por el derribo de dos edificios con licencia anulada por sentencia firme en 2014. Lo hizo en un pleno extraordinario y urgente, «exprés», que se convocó a las 8.30 y se celebró dos horas más tarde, sobre la bocina del plazo fijado por el juzgado.
El alcalde, Benito Portela, convocó la sesión nada más ser informado del dictamen de Secretaría, que no figuraba en el expediente que recaló a debate en el pleno ordinario, lo que obligó a dejar el asunto sobre la mesa. El informe entró en la plataforma a la una de la madrugada y el Ejecutivo convocó el pleno pasadas las 8.00: «El acuerdo tiene que estar enviado antes de las 12.00», advirtió el regidor, que agradeció el esfuerzo de todos los ediles por asistir a la sesión, dado que el asunto precisaba de la mayoría absoluta.
Todos los partidos apoyaron el depósito de las garantías, dado que se trata de un mandato judicial, aunque sin ahorrar reproches contra el Gobierno local. Unidos por Sada, PP, PSOE y el edil no adscrito le afearon al Ejecutivo su «falta de previsión» y su «mala gestión».
El depósito de estos 4,6 millones se realizará con fondos del remanente de tesorería para gastos generales (3,7 millones), bajas de crédito por plazas vacantes de personal (352.000 euros), la baja de créditos reservados para el aval de la garantía del mismo procedimiento judicial que quedó desierto (82.000 euros) y mediante la concertación de un crédito de 500.000 euros.
El tiempo apremia y los planes para intentar legalizar estos edificios de la Avenida Sada y Contornos y Camiño de Fiunchedo siguen en trámites. Tampoco han trascendido avances en las negociaciones con el demandante.
En su auto, el juzgado no solo ordena fijar las cauciones, sino también a «informar bimensualmente del estado de los expedientes de demolición, bajo apercibimiento de imposición de multas coercitivas, así como de acordar la ejecución subsidiaria [del derribo] por parte de un tercero con cargo al Ayuntamiento».
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