La Junta de personal del Concello de Cambre pide la intervención: "Hemos llegado a un punto límite"

La crisis interna en el Concello de Cambre ha escalado en los últimos días tras la denuncia pública de la Junta de Personal, que acaba de solicitar la intervención de instituciones superiores ante lo que considera un «fuerte bloqueo administrativo» que afecta «gravemente» tanto a los trabajadores municipales como a los servicios públicos del municipio. En respuesta, el Gobierno local ha manifestado su «sorpresa» ante estas acusaciones y defiende que, en apenas siete meses de mandato, ha puesto en marcha medidas que estaban paralizadas desde hace años.

La representación sindical afirma que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es la misma desde 1999, lo que implica una estructura «obsoleta y sin adaptación a la realidad actual». La plantilla, aseguran, ha asumido durante años funciones ajenas a sus categorías sin compensación alguna, mientras el número de vacantes se ha incrementado hasta alcanzar alrededor del 40% de los puestos, sin que se hayan convocado oposiciones o procesos de reposición «desde hace más de 15 años», salvo la estabilización obligada por ley.

A ello se suman, denuncian, pagos retrasados como la subida estatal del 0,5%, las productividades pendientes o las ayudas reguladas correspondientes a 2022, 2023 y 2024. Sostienen que tanto la Junta de Personal como trabajadores a título individual han presentado múltiples solicitudes sin obtener respuesta. También lamentan la falta de convocatoria de comisiones obligatorias, entre ellas Seguridad y Salud, Productividad o la del Plan de Pensiones, además de la inexistencia de un sistema de carrera profesional pese a haber remitido una propuesta al Gobierno local.

Diana Piñeiro, la alcaldesa: "Es una mentira absoluta"

El Concello, sin embargo, cuestiona que la denuncia se realice ahora y no durante el mandato anterior. Señalan, por ejemplo, que las ayudas sociales sin abonar desde 2022 corresponden a un período gestionado por UxC, etapa en la que «no se produjeron movilizaciones sindicales». La alcaldesa, Diana Piñeiro, asegura que las acusaciones son «una mentira absoluta», y que este viernes mantuvieron una reunión con los sindicatos en la que «logramos llegar a acuerdos importantes».

El actual Gobierno reivindica que, desde su llegada el pasado 21 de abril, han adoptado medidas significativas: la aprobación de las 35 horas semanales, el horario de verano, la recuperación del servicio de Prevención de Riesgos Laborales caducado desde 2022, la puesta en marcha de los informes necesarios para implantar la carrera profesional y la creación de una comisión técnica para elaborar la nueva RPT. Añade que se está estudiando un protocolo antiacoso y que existe «plena disponibilidad» para atender las necesidades del personal.

En relación con la RPT de 2023, el Gobierno municipal recuerda que no pudo ejecutarse debido a informes desfavorables de Intervención, Secretaría y del propio jefe de área, que detectaron «irregularidades» en la valoración propuesta por los sindicatos. También señala que un estudio comparativo realizado en su momento situaba a la mayoría de los funcionarios de Cambre por encima de la media retributiva de otros municipios similares, salvo el puesto de Tesorería, un 38% por debajo.

Movilizaciones anteriores

El conflicto, que ha generado diversas movilizaciones por parte del personal municipal, ha llevado a los representantes sindicales a pedir una reunión con administraciones superiores para exponer la situación y demandar medidas de mediación e intervención. El Ayuntamiento, por su parte, afirma estar comprometido con la normalización del funcionamiento municipal y con la incorporación del personal necesario para mejorar la atención a los vecinos.

La Junta de Personal solicita que se inicie una investigación para determinar las causas de la parálisis administrativa. Además, añade que, si se considera necesario, se impulsen medidas correctoras, asistencia técnica o mediación institucional; y que se adopten las herramientas de organización y personal necesarias para restablecer la normalidad administrativa. En definitiva, los trabajadores piden garantizar condiciones laborales «dignas» y asegurar una prestación eficaz de los servicios públicos. Concluyen subrayando que la ciudadanía no puede seguir viéndose perjudicada por una situación que, afirman, «lleva años sin resolverse».