Una empresa exige 9 millones a Arteixo por el vertedero ilegal de Monticaño

La empresa Xiloga ha presentado una reclamación patrimonial contra el Concello de Arteixo por la actividad del vertedero de Monticaño, una escombrera autorizada por el Ayuntamiento en 2001, declarada ilegal por sentencia firme en 2007 y clausurada de forma definitiva en 2016.

Esta compañía, dedicada a la recogida, gestión y transporte de residuos, exige ahora 9,3 millones por la «pérdida de beneficios» o «lucro cesante» entre los años 2001 y 2005. El Ayuntamiento arteixán ha desestimado su reclamación, que considera «extemporánea».

Así lo acordó la Junta de Gobierno local en base a un informe jurídico que concluye que la empresa ha sobrepasado con creces el plazo que establece la Lei de Procedemento Administrativo para reclamar, que prescribe al año de haberse dictado la sentencia definitiva.

El Concello recuerda que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictó el fallo definitivo de esta causa el 22 de marzo de 2007, «por lo que el derecho para reclamar prescribió en marzo de 2008». «Sorprende que el informe de evaluación del daño se denomine Actualización de los perjuicios económicos ocasionados a Xiloga por la implantación de un vertedero ilegal de residuos no peligrosos realizado por Coacón en Monticaño y que tal informe no sea sino una actualización del emitido en 2012, hace más de doce años», incide el asesor jurídico en su dictamen.

Antecedentes

La empresa Xiloga recurrió en 2001 las licencias de obra y apertura concedidas por el Ayuntamiento de Arteixo a Coacón (ahora Cespa) para el vertedero de Monticaño. La compañía alegó con éxito que la escombrera ocupaba una «zona protegida y de defensa natural» y que el proyecto incumplía el régimen de distancia respecto a zonas residenciales e incurría en una «competencia desleal y en malas prácticas profesionales».

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de A Coruña estimó en 2003 su recurso, anuló los permisos por ser «contrarios a derecho» y ordenó la clausura y restauración ambiental del vertedero. El fallo fue confirmado cuatro años después por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En 2016, la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental declaró la clausura definitiva de esta escombrera realizado por Cespa. Tres años después, el juzgado declaró acreditado este extremo aunque consideró incumplida la obligación de restauración ambiental.