El Tribunal Superior rechaza que Culleredo pague los 2,3 millones que le reclamaba Jardincelas

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de Jardincelas, la antigua empresa concesionaria de los servicios de limpieza de edificios, limpieza viaria y jardinería, contra el Concello de Culleredo. La exconcesionaria reclamaba 2,3 millones de euros de indemnización —más los intereses devengados por el «retraso en el abono», y había demandado un incremento de los precios de los contratos, que en los últimos años prestaba en precario, para actualizarlos a la subida de costes.

Jardincelas alegaba un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento por la diferencia de precios que pagaba la Administración local y los costes reales de la prestación de servicios. El Concello, sin embargo, se apoyaba en informes municipales que detallaban que estos servicios no se estaban prestando según los pliegos.

El Superior, al igual que el Juzgado Contencioso-administrativo, desestima la demanda en su totalidad e impone a la exconcesionaria el pago de las costas. El fallo, contra el que cabe recurso de casación, descarta varios de los argumentos de la apelación. Entre llos rechaza la insuficiencia de la titulación de la perito del Concello. Pero la alegación más importante de la empresa era de un enriquecimiento injusto de la Administración, que la compañía considera que el fallo de primera instancia no negó. «La sentencia admite que no se probó la cifra reclamada, pero eso no implica la inexistencia del enriquecimiento», apuntaba Jardincelas en el recurso ante el Tribunal Superior.

Para justificarlo, la exconcesionaria presentó un informe pericial en el que detallaba un análisis de precios de los contratos que había suscrito con el Concello. La Sala rechaza este informe por contener «afirmaciones no contrastadas» o «carentes de respaldo normativo». El fallo del Superior apunta que la empresa «reprocha a la sentencia una simple preferencia pericial a favor del Concello», pero que «en realidad se constata que las cifras no están respaldadas por documentos», por lo que es «razonable» que el juzgado de primera instancia no haga prevalecer este informe sobre los municipales. En estos mismos dictámenes, el Concello había expuesto que los servicios prestados por Jardincelas no cumplían todas las condiciones de los pliegos, como por ejemplo la del número de trabajadores.

Los magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia concluyen que «tampoco pueden apreciarse ni la vulneración del principio de buena fe contractual», al no existir un contrato, «ni abuso del derecho» porque no consideran acreditado un enriquecimiento sin causa.

El Gobierno local de Culleredo señala en un comunicado que la sentencia del TSXG «desmonta» las acusaciones del Partido Popular, que acusó al alcalde, José Ramón Rioboo, de responsabilidades por impagos a los trabajadores y la falta de licitación de los contratos caducados. «Los problemas de pago de salarios que pudieron haberse producido se debieron a obligaciones mercantiles propias de la empresa y de sus reacciones con los trabajadores, no a una mala fe o gestión ineficiente del Concello», apunta el Ejecutivo local.

Así, considera el rechazo de este recurso como un «espaldarazo explícito al rigor técnico, jurídico y ético» de la gestión del Concello de Culleredo. «No solo se demuestra que la administración actuó conforme a la legalidad vigente, sino que las críticas electoralistas vertidas por el PP de Culleredo quedan hoy formalmente desacreditadas», indica el Gobierno municipal.

Los populares rechazan esta opinión y dicen que el fallo confirma una «realidad alarmante», que el Concello funcionó sin una planificación mínima y con contratos en precario. «Esto no es un problema técnico: es un fracaso político», afirma la portavoz Izaskun García.