Espera más de ocho años para crear 250 empleos en Culleredo: "es un gran daño a la comunidad"

El pasado 30 de diciembre, el pleno de Culleredo sacó adelante la aprobación definitiva del Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións en suelo rústico para desarrollar un uso sanitario asistencial y de turismo en el lugar de Rumbo, en la parroquia de Ledoño.

Era una decisión por la que Manuel Naya, dueño de la residencia Valle de Rumbo e impulsor del proyecto, llevaba esperando y peleando cerca de 8 años. Antes, en el año 2000, su padre ya había intentado arrancar un proyecto de este tipo, aunque más modesto, pues solo tendría 65 plazas. La Ley del Suelo vigente en aquel momento se lo impidió.

Ahora, tras años de inmovilismo por parte del Concello y recursos judiciales para tratar de avanzar en una tramitación que no debería llevar mucho más de 24 meses, pero que estuvo esperando desde 2018, Manuel Naya ve la luz al final del túnel, aunque reconoce que desde entonces las circunstancias han cambiado. «En 2018 tenía financiación; ahora tengo que buscar inversores», apunta el promotor, que no entiende como una iniciativa «con una función social tan increíble y con la enorme carencia de plazas geriátricas que hay» estuviese parada ocho años.

Los números hacen, si cabe, más incomprensible la espera. El proyecto previsto para ese desarrollo contempla la creación de un área sanitaria, otra geriátrica , una unidad de salud mental especializada en el tratamiento de pacientes con Alzhéimer y una gran zona de cohousing. «Serán unos 35.000 metros construidos en una superficie de 52.000 metros cuadrados —repartidos en 21 parcelas—. Ni siquiera llegamos a agotar el aprovechamiento», relata Naya. «La ubicación es perfecta, a 8 minutos del centro de Coruña y a 12 de los hospitales», añade el impulsor del proyecto, que recalca «el interés público terrible» de la iniciativa. «Hablamos de 450 usuarios, lo que supondría la creación de, mínimo, 250 puestos de trabajo directos en Culleredo y en todo el área metropolitana», explica el empresario, que señala que en primer lugar se buscaría a gente de la zona, aunque todavía no se puede hablar de fechas para iniciar este proceso.

Desde la empresa Valle de Rumbo han puesto todo de su parte para que el proyecto sea una realidad, aunque ahora reconozcan que la situación, tanto personal como financiera, sea muy distinta. El retraso en la aprobación del plan especial les ha pasado factura, «pero sobre todo es un gran daño a la comunidad», insiste su promotor, quien desvela que llegó a ofrecer al Concello 12 plazas en el futuro complejo para que pudiesen destinarlas a personas vulnerables del municipio.

Con todo, Manuel Naya tiene claro que estos ocho años de espera y batalla no han sido para tirar ahora la toalla. «El proyecto va a salir adelante de una forma u otra», afirma rotundo, aunque reconoce que en este momento todavía está asimilando la decisión adoptada en el último pleno del año. Su idea, de momento, es esperar a que pasen las festividades navideñas «y después ya iremos valorando todas las posibilidades», indica el empresario.

Respuesta del Concello

El Concello de Culleredo defiende su tramitación «garantista» de este Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións en suelo rústico para desarrollar un uso sanitario asistencial en Rumbo. Afirma que la actuación del Ayuntamiento fue « correcta, rigurosa y conforme a la legalidad vigente» y culpa al promotor de la demora en la aprobación definitiva de este proyecto para construir un complejo con zona sanitaria, geriátrica y una unidad de Alzhéimeren Ledoño.

«Los plazos no vinieron determinados por la actuación del Concello, sino por la necesidad de subsanar numerosos errores y carencias documentales», afirma en un comunicado en respuesta a unas declaraciones realizadas a este medio por el propietario de la empresa Valle de Rumbo, que recurrió con éxito en los juzgados la denegación de la aprobación inicial de este plan.

El Concello afirma que el promotor tuvo que reformular hasta en tres ocasiones el proyecto para obtener el visto bueno de la Xunta, que emitió un informe con 13 condiciones, «extremos que ya habían sido advertidos previamente por los servicios técnicos y jurídicos municipales».

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