La gestión de ayuda en el hogar en Arteixo acaba en el juzgado

La gestión del servicio de ayuda en el hogar en Arteixo ha acabado en el juzgado. La empresa concesionaria de la zona sur, Aralia Servicios Sociosanitarios, ha recurrido la decisión del pleno del pasado 31 de julio de imponerle una multa de 18.731 euros por el incumplimiento del contrato.

El Ejecutivo tuvo conocimiento de este recurso a principios de mes y ha nombrado ya procurador y abogado para la defensa de los intereses municipales.

El Concello abrió expediente a la empresa un año y dos meses después de la formalización del contrato por un supuesto «cumplimiento defectuoso» de este servicio de atención a mayores y dependientes. En un decreto, el Gobierno local apelaba a incumplimientos del pliego de condiciones, tanto en lo relativo al compromiso de adscripción de medios personales o materiales como en lo concerniente a las características de la oferta vinculadas a los criterios de adjudicación.

La no disposición en aquel momento de la plataforma Cibersad para la gestión del servicio y para el control de entrada y salida de los domicilios o carencias en los equipamientos comprometidos fueron algunos de los motivos concretos que fundamentaron esta imposición de penalidades que ha sido recurrida judicialmente por la concesionaria.

La empresa alegó sin éxito por la vía administrativa y planteó además la apertura de un segundo expediente al entender que no había subsanado por completo las deficiencias que dieron pie al primer procedimiento sancionador.

El Gobierno local que preside Carlos Calvelo precisaba en julio que la empresa ya había solventado las deficiencias y que el servicio se prestaba ya «con normalidad» y sin incidencias.

La gestión de ayuda en el hogar en la zona sur no ha sido la única en generar controversia. El pasado octubre, personal del servicio que cubre la zona norte denunció «graves irregularidades». En un comunicado, representantes sindicales de la UGT y CIG alertaron de una «una situación de creciente precariedad, descoordinación y el incumplimiento sistemático de las obligaciones por parte de la empresa [Osventos]» . Sus quejas fueron respaldadas por los grupos municipales del PSOE y BNG, que alertaban ya meses antes de la existencia de problemas que se arrastran en el tiempo.

En un debate plenario el pasado agosto, el Gobierno local atribuyó en parte los problemas al elevado número de bajas en la plantilla y avanzó que el servicio volvería a salir a licitación.