La Terraza suma un lustro en un limbo y sin plazos para su rehabilitación

La Terraza de Sada da la bienvenida a 2026 sin plazos para su rehabilitación a pesar de que el decreto por el que fue declarada Bien de Interés Cultural en 2020 advertía ya de su «precario estado de conservación» y de la necesidad de actuar para frenar su deterioro. El bien patrimonial más emblemático de Sada, su postal de por excelencia, suma un lustro en un limbo administrativo e inmersa en un proceso judicial que complica la intervención administrativa.

Este mes se cumplen cinco años de que el Ministerio para la Transición Ecológica denegase la prórroga de la concesión para la ocupación de dominio público marítimo terrestre por parte de este quiosco modernista. La resolución fue recurrida por los gestores de La Terraza vía judicial, pero la Audiencia Nacional aún no se ha pronunciado al respecto, más allá de rechazar la suspensión cautelarmente la resolución estatal.

Tras años sin que hayan transcendido movimientos a nivel administrativo, el arquitecto municipal de Sada ha emitido un informe en el que concluye que procede declarar la innecesariedad para el dominio público de los terrenos sobre los que se asienta La Terraza.

Este trámite quedó sobre la mesa en el pleno de agosto de 2023 y fue retirado del debate en enero de 2025, en ambos casos a petición del PP, Unidos por Sada y PSOE, que exigieron más informes para pronunciarse al respecto.

En su informe, el arquitecto coincide con la Demarcación de Costas en la innecesariedad de estos terrenos para el dominio público, dado que estos perdieron su condición de zona marítima desde la construcción del paseo marítimo y permanecen desde 1985 como «una isla de dominio público» rodeada de terrenos que pertenecen al Concello de Sada.

El funcionario coincide también con Costas en que La Terraza revierte en la Administración del Estado tras la extinción de la concesión y que, por tanto, las obligaciones de conservación «corresponden actualmente al Estado» y su incumplimiento supone una «infracción en materia de protección del patrimonio cultural»: «Procede instar a la Administración del Estado a redactar el plan o proyecto de conservación integral y a realizar las actuaciones de conservación que resulten procedentes, dando cuenta al organismo competente en materia de patrimonio cultural para que realice las actuaciones que resulten procedentes».

El arquitecto apunta además que la calificación del edificio como equipamiento sociocultural es la única que se ajusta a las condición impuesta por Costas para su cesión. A consulta del BNG, el alcalde, Benito Portela, avanzó que aguarda por el informe Secretaría para elevar de nuevo el asunto a debate.