Alcaldes de ocho concellos coruñeses se unen en apoyo a la continuidad de Losán

Alcaldes y alcaldesas de ocho concellos coruñeses han iniciado un frente común para exigir "soluciones definitivas" a la crisis del Grupo Losán y su filial Aserpal. Los regidores de Curtis, Vilasantar, Mesía, Sobrado, Oza-Cesuras, Boimorto, Melide e Irixoa, en los que residen la mayoría de los trabajadores y trabajadoras afectados, firmaron un acuerdo institucional en el que reclaman la reactivación urgente de la actividad productiva y el pago inmediato de las nóminas pendientes.

Los regidores señalan que la situación de Losán no es un problema empresarial aislado, sino una "emergencia territorial". En este sentido, apuntan que, además de los casi 200 empleos afectados de manera directa en la zona de Curtis y Vilasantar, el cierre de estas plantas supondrá "un golpe irreversible" para la economía del interior de la provincia y "un fracaso" en las políticas de lucha contra la despoblación.

En su escrito, reclaman al consejo de administración de la firma maderera la presentación "a la mayor brevedad posible" de un plan de reactivación industrial "que vaya más allá de parches temporales". Inciden en que el problema de la empresa es de gestión y de tesorería, no de falta de mercado, porque el de la madera es un sector "con demanda y futuro", afirman.

A la SEPI y al IGAPE, dependientes de Estado y Xunta, respectivamente, los alcaldes proponen intervenir "de manera coordinada" y empleando los mecanismos de apoyo a empresas estratégicas para garantizar los fondos que permitan a la empresa volver a producir al 100%. Los regidores informan de que "por cada empleo directo en Losán, hay cuatro familias en nuestra comarca que dependen indirectamente del transporte o del monte".

"No vamos a quedar de brazos cruzados mientras nuestro motor económico se detiene por una gestión financiera inviable", afirman los firmantes del documento, que ya ha sido remitido al presidente del consejo de administración de la empresa y a los Ministerios de Industria y Economía; a la Sepi, al Igape y la Consellería de Economía e Industria como medida de presión para desbloquear el conflicto social y laboral.