Pazo de Meirás: El Supremo fija la vista sobre la propiedad el próximo 19 de febrero
La vista en el Supremo para resolver el litigio por el Pazo de Meirás, que se celebrará en febrero, enfrenta a los herederos de Franco y a varias administraciones, incluyendo el Gobierno y la Xunta de Galicia
Un grupo de visitantes en los jardines del pazo de Meirás. | Carlos Pardellas
El Tribunal Supremo ya tiene fecha para resolver el litigio que arrastran la familia Franco y las distintas administraciones implicadas en el proceso relativo a la titularidad del Pazo de Meirás. Será el próximo 19 de febrero cuando el Alto Tribunal acoja la vista para dirimir los recursos de casación presentados por las partes.
Los recurrentes son, por una parte, los nietos del dictador Francisco Franco (María del Carmen, María de la O, Francisco, María del Mar, Jose Cristóbal, María Aránzazu y Jaime Martínez-Bordiú Franco) y la sociedad Pristina S.L., a través de la que gestionan su patrimonio, y, por otra, la Administración General del Estado, la Xunta de Galicia, los concellos de A Coruña y Sada y la Diputación Provincial de A Coruña.
El Juzgado de Primera Instancia de A Coruña declaró en 2020 que el Pazo de Meirás, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), era propiedad del Estado, ordenando a la familia Franco su devolución y privándoles de indemnización por considerar mala fe. Un año más tarde, en 2021, la Audiencia Provincial de A Coruña confirmó la propiedad estatal del pazo, pero revocó la mala fe, reconociendo el derecho de los Franco a ser indemnizados por gastos de conservación.
También en 2021, el Gobierno recurrió ante el Supremo la indemnización a los Franco para paralizar el proceso de pago, mientras que los herederos del dictador hicieron lo propio con la sentencia de propiedad y vinculación de bienes a Emilia Pardo Bazán, propietaria original del pazo.
El Supremo admitió a trámite el recurso de los Franco en 2023, y el proceso sigue su curso para resolver los recursos presentados, aunque las llaves del Pazo de Meirás obran en poder del Estado desde diciembre de 2020.
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