El Superior absuelve al alcalde de Oleiros por la demolición de Casa Carnicero

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la absolución al alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, así como al arquitecto técnico municipal José Luis Jares de prevaricación por la demolición de la Casa Carnicero. El Ministerio Fiscal había recurrido la sentencia en la que la Audiencia Provincial de A Coruña absolvió a ambos.

En su dictamen, los magistrados de la Audiencia coincidían con la Fiscalía en que sí que se requería una autorización de la Xunta para llevar a cabo una demolición, descartando lo expuesto en el juicio por el regidor oleirense, que había afirmado que no requería permiso. El tribunal también comparte que el Ayuntamiento no realizó las medidas cautelares necesarias para proteger el edificio. Sin embargo, los jueces concluyeron que no pueden condenar a ninguno de los acusados porque «existen dudas incompatibles con la fehaciencia necesaria para enervar la presunción de inocencia».

En la sentencia del TSXG, la Sala aceptan los hechos probados en primera instancia y certifican que Casa Carnicero sí estaba incluido en el Catálogo de Bienes Culturales del PXOM con una grado de protección "no integral". Tras el incendio, el arquitecto municipal, emitió un informe donde describía los graves daños y avisó que era necesario llevar a cabo medidas cautelares urgentes como el apuntalamiento de las fachadas. En una nueva evaluación una semana después el mismo técnico informaba que el edificio estaba en una situación de "ruina técnica y económica" y que la solución "factible" era la demolición, que precisaba autorización de la Xunta. El estado del edificio se fue deteriorando al no llevar a cabo las medidas indicadas, por lo que, a finales de diciembre de 2020, el arquitecto informó que había un grave peligro de derrumbe, lo que finalmente haría que se procediera a la demolición.

El alcalde de Oleiros valora la sentencia del Superior sobre la Casa Carnicero

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En su apelación, Fiscalía señalaba que debería haber una "resolución condenatoria" porque el tribunal de primera Instancia se equivoca a la hora de elegir la normativa aplicable y entiende que el inmueble "sí puede calificarse como 'singularmente protegido'". Sin embargo, los magistrados del Superior señalan que "no puede alcanzarse una decisión diferente por esta sala a la adoptada" por la Audiencia Provincial. El Tribunal rechaza así los argumentos del Ministerio Fiscal y certifica la absolución de los acusados. Contra este dictamen cabe interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

«Es una sentencia muy razonada», declaró el alcalde Ángel García Seoane tras conocer el fallo del Tribunal Superior. El alcalde destacó que se ha demostrado que no se cometió ningún delito contra el patrimonio y defendió su labor para defenderlo durante sus años al frente del Concello de Oleiros. «Yo levanté y recuperé para el municipio gran parte de la historia con edificios emblemáticos que eran de propiedad privada», aseguró el regidor, que añadió que todo lo ello lo hizo con el objetivo de «mejorar la vida de los ciudadanos».

El alcalde oleirense también recordó que la sentencia absolutoria beneficiaba al técnico municipal, al que le iban a «arruinar la vida» de haber sido condenado. «Una persona que había actuado siempre según la total legalidad y con el interés en la defensa del Concello y la defensa de que no hubiera accidentes graves que provocaran la muerte de cualquier persona», señaló García Seoane en referencia a las razones de seguridad que llevaron a la demolición del inmueble el día 31 de diciembre de 2020.

Un incendio que arrasó con una reliquia arquitectónica

La saga del caso comenzó el 16 julio de 2020, cuando un incendio arrasó con la vivienda. El inmueble, que construido en 1916,fue diseñado por el mismo autor de edificios como el Kiosco Alfonso, Rafael González. La casa estaba abandonada y parcialmente protegida por el PXOM de 2009 de Oleiros.

Tras el fuego, los técnicos municipales destacaron en sus informes que la rehabilitación del edificio era prácticamente imposible y que su estado actual suponía un «serio riesgo» de desplome.

Durante el juicio, Ángel García Seoane justificó el derribo afirmando que la prioridad era proteger a conductores y viandantes para que no hubiese muertes por desprendimientos. El regidor también había señalado que, ante la alerta de temporales los últimos días de ese año, la demolición era algo necesario para asegurar la seguridad de los vecinos y conductores de la N-VI.