El rural de Betanzos celebra el acuerdo de ayuda en el hogar pero demanda más fondos: "El coste es una barbaridad, nos machaca"

"El coste es una barbaridad, nos machaca". El que habla es Fernando Pérez, alcalde del pequeño y envejecido pueblo de Vilasantar: 1.232 habitantes repartidos en 60 kilómetros cuadrados y uno de los índices de envejecimiento más altos de Galicia, 400, el doble de la media gallega, es decir, que hay 400 personas mayores de 65 años por cada 100 jóvenes menores de 15 años. Este concello, como el resto de los municipios de menos de 5.000 habitantes de la comarca betanceira, celebra el acuerdo alcanzado por la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para elevar la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). "Es un gran paso", admiten los regidores consultados, pero insuficiente para aliviar una carga "inasumible" para los pequeños ayuntamientos.

En virtud al acuerdo de la Xunta y Fegamp, el Gobierno gallego aumentará la aportación para cubrir la atención y mayores y dependientes, de los actuales 12 euros hora hasta 18 al final de la legislatura. "La Xunta hará un esfuerzo importante, ahora necesitamos una aportación mayor por parte del Estado", defiende el alcalde de Aranga, Alberto Platas (PP). Este concello de 1.793 habitantes, de población envejecida y dispersa, adjudicó el contrato del SAF por 1,3 millones, 21, 3 euros hora, durante dos años. El regidor se adhiere a la tesis del Ejecutivo gallego y descarga la responsabilidad en el Gobierno central, al que acusa de incumplir su compromiso de aportar el 50% que establece la Ley de Dependencia: "No llega al 40%", critica.

"Al final somos los pandotes de todo"

"Al final los concellos somos los pandotes de todo", resume Carlos Vázquez, alcalde de Vilarmaior, un pueblo de escasos 1.200 habitantes que maneja un presupuesto de 1,6 millones anuales. "Lo que nos dice la Xunta es que el Estado no pone su parte", apunta el mandatario, que celebra el acuerdo pero que ve preciso más avances para aliviar un peso que ahoga especialmente a los más pequeños, que se ven obligados a asumir cada vez más competencias. "Aquí nos conocemos todos", destaca el regidor, que apela a la presión que supone ser la Administración más próxima, la primera ventana a la que se asoman el ciudadano para reclamar servicios."Lo que tendríamos que hacer ahora es enviar un escrito conjunto al Estado para reclamar más fondos", defiende.

El alcalde de Curtis, Javier Caínzos, comparte el diagnóstico, pero dirige su mirada también hacia la Diputación. "Los concellos somos la Cenicienta", critica el mandatario. "El Estado tiene que aportar más fondos para dependencia, que fue quien legisló", apunta el regidor, que considera que el pacto Xunta-Fegamp es un "gran acuerdo" pero que ve preciso que tanto el Gobierno como la Diputación aporten fondos para garantizar la viabilidad de este servicio básico y esencial. "Hay mucha necesidad y poca capacidad económica por parte de los concellos", advierte. A Curtis le supone unos 600.000 euros anuales. "Llegará un momento que no tendremos capacidad y tendremos que renunciar a este servicio y dárselo a la Diputación", apunta el regidor, que argumenta que la Ley de Bases de Régimen Local, "normativa sectorial al margen", deja en manos de las instituciones provinciales la coordinación o prestación de este servicio en concellos de menos de 20.000 habitantes.

El Concello de Vilasantar es el único que presta directamente el servicio de atención a mayores y dependientes. "A nosotros lo que nos mata son las bajas", apunta su alcalde, Fernando Pérez (PP). En la actualidad tiene 16 auxiliares a jornada completa y acaba de sacar a concurso otras dos plazas. Cinco de las trabajadoras están en situación de incapacidad temporal, lo que obliga al Concello a recurrir a empresas externas. El gasto anual son unos 400.000 euros sobre un presupuesto de 1,9 millones.