Unión por Cambre y PSOE fuerzan a pagar a la concesionaria de las actividades deportivas y culturales sin penalización

El pleno de Cambre dio este jueves luz verde al pago de facturas pendientes a la concesionaria de las actividades deportivas y socioculturales, Axiña, que dejó de prestar este servicio a principios de enero por la deuda contraída por el Concello, que cifra en más de 90.000 euros. La propuesta de liquidación del contrato verbal tras su declaración de nulidad prosperó con una enmienda de Unión por Cambre, que en contra del criterio de Secretaría e Intervención, propuso pagar el importe íntegro, sin penalizar, a la concesionaria por realizar las actividades en precario desde 2023 y seguir con la prestación una vez declarada la nulidad del contrato el pasado mes de septiembre.

La enmienda fue apoyada por el PS0E y la edil no adscrita. El Gobierno local, del PP, votó en contra, y BNG y Alternativa dos Veciños optaron por abstenerse. La liquidación por las actividades deportivas de verano quedó fijada en 33.847 euros y la de las actividades socioculturales, en 31.052 euros.

Informe contrario de Secretaría e Intervención

Secretaría e Intervención informaron desfavorablemente la enmienda de UxC al entender que correspondía detraer de la liquidación el 6% del beneficio industrial. Las habilitadas nacionales argumentaron que no había quedado acreditada la buena de la contratista y al entender que resultaba "altamente improbable" que la empresa desconociese las irregularidades que rodeaban ambos contratos dada su acreditada experiencia. La penalización, advirtieron, estaba avalada por la jurisprudencia, partidaria de esta detracción del beneficio industrial para "acabar con esas conductas contrarias al ordenamiento jurídico".

La portavoz de UxC, María Pan, se opuso a esta tesis y defendió que la mala fe había que demostrarla y que no bastaba con argumentar que la empresa tenía que ser consciente de su situación irregular. "El Gobierno local no dijo que no podía continuar, no hubo orden expresa para que no continuase", defendió Pan, que recordó que los informes de las habilitadas son preceptivos pero no vinculantes: "Las actividades se prestaron entre septiembre y diciembre", recordó la edil, que recordó que el PP había facilitado el pago íntegro de las facturas en otros casos similares e instó a la alcaldesa, Diana Piñeiro, a aclarar si le había dicho al responsable de Axiña que dejase de prestar el servicio.

En la misma línea, el PSOE defendió que se trataba de una "decisión política" e instó al Gobierno local a ser "consecuente": "No se puede ordenar un servicio y después negar parte del pago", argumentó Diego Alcantarilla, que tampoco vio probada la mala fe por parte de la contratista.

El BNG se abstuvo ante una cuestión que, advirtió, suscitaba "muchas dudas", aunque se inclinó por acatar las conclusiones de Secretaría e Intervención: "Se trata de no pagar el 6% del beneficio industrial, no el trabajo realizado", matizó Dani Carballada, que sí considera que hay evidencias suficientes de que la empresa conocía las irregularidades que rodeaban los contratos. "Es tan sencillo como ir a la hemeroteca.Mr. Axiña sabía que estaba con un contrato verbal y que iba a tener dificultades para cobrar", apuntó.

Diana Piñeiro instó sin éxito a UxC y PSOE a reconsiderar su decisión. "Piensen muy bien lo que van a votar", advirtió la regidora, que subrayó que en ningún momento se había pedido ni obligado a la empresa a continuar con el servicio y que el Ejecutivo cumplió con su responsabilidad al tramitar el procedimiento de revisión de oficio: "[La concesionaria] estaba en su derecho de presentar la renuncia o cese", defendió y añadió: " Aquí estamos para cumplir la ley. Si una empresa piensa que está siendo injustamente tratada puede acudir al juzgado".