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Oleiros llevará ante la Justicia el convenio del Servicio de Axuda no Fogar entre Xunta y Fegamp

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, denunciará el convenio del SAF firmado entre la Xunta y la Fegamp, un acuerdo que considera injusto al recaer el pago del servicio en los concellos

Xunta y Fegamp durante la firma del acuerdo el pasado 5 de febrero.

Xunta y Fegamp durante la firma del acuerdo el pasado 5 de febrero. / Lavandeira jr

Oleiros

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha anunciado que "llegará hasta los tribunales" para denunciar el convenio de financiación del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) suscrito la semana pasada entre Xunta y Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), un pacto que considera "vergonzoso".

Como relató el regidor en varios programas radiofónicos, la firma de este acuerdo es "un escándalo" ya que la Fegamp, "que preside un señor que no contó para nada con los alcaldes", dijo en alusión a Alberto Varela, accedió a rubricar con el Gobierno gallego un convenio "para que paguemos los concellos lo que tiene que pagar la Xunta".

Para García Seoane, la situación no es grave para concellos como Oleiros, que tiene capacidad económica para asumir el desfase entre la cantidad que abona la Xunta y el coste real del servicio, pero pone el foco en los pequeños, "que no tienen para pagar a sus funcionarios o un rebacheo" y que van a tener que asumir esta diferencia, con el agravante de que suelen ser concellos con una población muy envejecida y, por tanto, más demandantes de estos servicios.

El alcalde de Oleiros señaló que le resulta "todo muy raro" porque "casualmente", dos días antes de anunciarse la firma del acuerdo, el Concello de Vilagarcía, del que es alcalde Alberto Varela, recibió 12 millones de euros de la Xunta. "Uno no cree en las casualidades", apuntó.

El alcalde, que también es diputado provincial, recordó que su formación, Alternativa dos Veciños, llevó este acuerdo al pleno de la Diputación para reclamar que el Gobierno autonómico asuma la totalidad del coste del servicio, una moción que fue apoyada por el BNG y el PSOE, mientras que el PP se abstuvo. Ahora no duda en llevarlo ante la Justicia para evitar que los concellos sigan asumiendo un gasto que no les corresponde.

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