Cuenta atrás para la sentencia definitiva de Meirás: los memorialistas esperan que el Supremo inicie "el fin del expolio" de los Franco

El próximo jueves 19 de febrero el Tribunal Supremo dictará sentencia definitiva sobre el pazo de Meirás. Han pasado más de cinco años del fallo de primera instancia que colmó las exigencias de justicia y reparación del movimiento memorialista gallego al despojar a los Franco de este baluarte de la dictadura sin derecho a percibir ninguna indemnización.

Una sentencia histórica que fue enmendada parcialmente en 2021 por la Audiencia Provincial, que mantuvo lo esencial, que el pazo de Meirás es patrimonio público, pero que decretó que los descendientes del dictador tienen derecho a ser compensados como poseedores de buena fe con los gastos necesarios (de mantenimiento) y útiles (de mejora) desde 1975.

Seis días antes de la cita definitiva con el Tribunal Supremo, 24 entidades vinculadas con el movimiento memorialista gallego comparecieron ante los medios para repasar los éxitos y sinsabores de este largo proceso, reivindicar el papel esencial de la sociedad gallega en esta conquista histórica y reclamar una sentencia «ejemplar» que abra la puerta a recuperar otros bienes expoliados por el franquismo, como la Casa Cornide o la Casa das Cunchas.

Los memorialistas llaman la atención sobre la importancia del fallo del Supremo para «acabar de una vez con la impunidad del franquismo»: «Se va a pronunciar por primera vez sobre el expolio de los bienes inmuebles por el dictador Franco y su familia y sobre el propio proceso de obtención y detención posesoria de estos bienes», incidió el presidente de la Comisión pola Recuperación Histórica de A Coruña, Carlos Babío, coautor junto al historiador Manuel Pérez Lorenzo de un libro que resultó clave en este proceso: Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio.

Los representantes de las 24 entidades que se dieron cita este viernes en la sede de la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda defienden que son «claros y manifiestos» los argumentos memorialísticos y jurídicos de los «abusos y tropelías» en la obtención de As Torres de Meirás y su detentación por parte del dictador y sus descendientes.

La buena fe, en tela de juicio

Buena parte de la comparecencia se centró en rebatir las conclusiones de la sentencia de la Audiencia Provincial, que no solo rechazó la consideración de los nietos del dictador Francisco Franco como poseedores de mala fe y ordenó indemnizarles por los gastos en la conservación del inmueble desde 1975, sino que rebatió o rechazó por «irrelevantes» algunos de los hechos históricos probados en instancia.

La decisión inicial del Estado de no recurrir esa supuesta posesión de buena fe puso en pie al movimiento memorialista. Su manifiesto Volver a pagar por lo robado: una sentencia inasumible para un Estado democrático llevó finalmente al Gobierno a rectificar y sumarse al Concello de Sada, el único que dejó claro desde el primer momento su oposición a este punto.

El Supremo podría ahora confirmar este pronunciamiento de la Audiencia (lo que obligaría a indemnizar a los Franco por los gastos de mantenimiento y mejora desde 1975 sin tener que compensar al Estado por los ingresos obtenidos ni por el deterioro del inmueble); declararlos poseedores de mala fe (con derecho a percibir solo una indemnización por los gastos útiles) o decretar, en una línea similar a la del juzgado de primera instancia, que no procede la liquidación del estado posesorio dada su complejidad por el tiempo transcurrido.

Una victoria de la sociedad gallega

Las entidades memorialistas aprovecharon el acto para reivindicar el papel crucial de la sociedad gallega en la recuperación para el patrimonio público del pazo de Meirás. La victoria, defendieron, es fruto de más de cuarenta años de reivindicaciones e investigaciones para «desmontar la fake new» del franquismo de que el pazo de Meirás fue un «regalo» al dictador, como resumió el exalcalde de Sada, Abel López Soto, que acudió al acto en representación de la Asociación Irmáns Suárez Picallo.

Los integrantes de los 24 colectivos lamentan que el Estado haya pretendido colgarse la medalla y esquinar a la sociedad civil y aprovecharon el acto para instar a la Administración a dar más pasos: «Este éxito de Galicia es exportable al resto del Estado».