El juzgado cita a Benito Portela tras ser denunciado de nuevo por desoír la orden de derribo de dos edificios de Sada

El alcalde de Sada, Benito Portela, tendrá que comparecer el próximo 6 de mayo en el juzgado tras ser denunciado de nuevo por un supuesto delito de desobediencia. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 ha convocado a todas las partes implicadas en la causa que se sigue por la anulación de las licencias de los edificios de la avenida Sada y Contornos y Camiño do Fiunchedo tras un nuevo escrito del denunciante, que carga contra el Concello por el retraso en cumplir la orden de derribo dictada en 2014.

El regidor confirmó la citación en el último pleno ordinario en respuesta a una pregunta de Unidos por Sada. "No tengo nada que ocultar", defendió Portela, que ya fue investigado en el pasado por un supuesto delito de desobediencia, causa que fue archivada en 2023. El juzgado no apreció entonces "indicios de criminalidad" y argumentó que la concurrencia de un delito de desobediencia requería la existencia de un "acto expreso y directo", una manifestación explícita de rebeldía al cumplimiento de una orden.

Tres años después, el denunciante, Gervasio Brasa, ha presentado un nuevo escrito ante el juzgado en el que reclama la ejecución subsidiaria de la sentencia y que se tome de nuevo testimonio a Portela por desoír el mandato judicial. En respuesta, la jueza ha dictado una providencia en la que convoca a todas las partes para la que aleguen lo que consideren oportunos. Entre los convocados figuran también los representantes de las comunidades de propietarios afectadas.

Más de una década en vilo

La sentencia firme de 2014 que anuló la licencia concedida por el Gobierno de Ramón Rodríguez Ares (PDSP) en 2005 mantiene en vilo desde hace más de una década a los propietarios de los dos inmuebles, que suman 58 viviendas.

El Concello de Sada comenzó hace ya años los trámites para intentar legalizar uno de los inmuebles, el de la avenida Sada e Contornos 3, de 20 viviendas En febrero de 2022, el Gobierno local propuso sin éxito a la Corporación intentar regularizar su situación mediante una corrección de errores del plan general. El Ejecutivo argumentó que esta vía permitiría ganar tiempo frente a una modificación puntual del planeamiento pero el PP, PSOE y sus por entonces socios de Alternativa dos Veciños (ahora en UPSA) tumbaron la propuesta en base a un informe desfavorable de la secretaria. Tras resolver el contrato con la redactora del PXOM, el Concello sacó a concurso sendas modificaciones urbanísticas para intentar legalizar el edificio, aún en trámites y sin fecha para su aprobación definitiva.

La regularización del otro edificio, el de Camiño do Fiunchedo, de 38 pisos, está pendiente de la aprobación de un Plan Especial de Reforma Interior que los propietarios comenzaron a tramitar hace ya más de un lustro y que recibió el visto bueno inicial del Concello en 2022. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia respaldó la ordenación propuesta en un fallo que desestimó el recurso del denunciante contra lo que consideraba una legalización fraudulenta. La aprobación definitiva sigue sin fecha. Según ha podido saber este diario, está pendiente de revisar unas cuestiones relativas a una zona verde que llevaron a Secretaría a emitir un informe desfavorable.

Aval de 4,6 millones

La citación del juzgado se produce unos meses después de un auto en el que ordenaba depositar 4,6 millones de euros para afrontar las posibles indemnizaciones a propietarios de buena fe que se vean afectados por el derribo de los edificios.

En su resolución, el juzgado instaba al alcalde a «informar bimensualmente del estado de los expedientes de demolición, bajo apercibimiento de imposición de multas coercitivas, así como de acordar la ejecución subsidiaria [del derribo] por parte de un tercero con cargo al Ayuntamiento».

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