Los políticos se revuelven contra la orden de indemnizar a los Franco por el pazo de Meirás

Los Franco todavía no han hecho público el importe de la indemnización que reclamarán en el juzgado por los gastos de mantenimiento y mejora del pazo de Meirás desde 1975 hasta 2019, pero las administraciones ya han dejado claro que pelearán "hasta el último céntimo" de la liquidación del estado posesorio (como se conoce en Derecho Civil al cálculo de los pagos que le corresponde abonar a cada parte cuando se produce un cambio de poseedor).

Tras anunciar el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que el Gobierno «dará la batalla» para evitar o reducir al mínimo esta indemnización, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha expresado su intención de «seguir de la mano» del Ejecutivo central en este proceso: «Cuando hay buena voluntad de colaboración se llega al éxito. Por lo tanto, ese debería ser el camino. Al menos, lo es por nuestra parte», afirmó el presidente autonómico, que entiende que «puede haber argumentos» para oponerse a la reclamación de los nietos del dictador.

Todos los partidos políticos con representación en el Parlamento se han mostrado de acuerdo en combatir el pago de una indemnización a los Franco por todas las vías posibles. La líder del BNG, Ana Pontón, avanzó este lunes que presentarán una iniciativa a pleno a este respecto. «Queremos que o Parlamento diga alto e claro que houbo mala fe por parte dos Franco», defiende la diputada nacionalista, que considera que deberían ser los Franco los que indemnizasen a la sociedad gallega por su uso «ilegal» durante cuatro décadas.

En la misma línea, el portavoz del PSdeG, José Ramón Besteiro, califica de «absolutamente razonable» la decisión del Gobierno de «recurrir» la indemnización que presenten los Franco. BNG y PSOE culpan al Gobierno gallego del PP, liderado entonces por Alberto Núñez Feijoo, de propiciar en parte este pronunciamiento judicial por el dictamen de la comisión de expertos creada en 2018 por el Parlamento para fijar la estrategia jurídica para recuperar Meirás, un informe que abría la posibilidad a esa compensación a los Franco como poseedores de buena fe. En aquel momento, la única administración que cuestionó esa coletilla fue el Concello de Sada, que presentó un voto particular en el que advertía de las consecuencias jurídicas que podrían derivarse de esa consideración y que defendió que, a pesar del tiempo transcurrido, había indicios suficientes para acreditar ante los tribunales una posesión de mala fe. En el terreno político, solo BNG y En Marea criticaron en aquel momento ese punto del dictamen de la comisión, que el PP atribuyó a una «mala lectura».

A pesar de la controversia generada en aquel momento y de que el Parlamento aprobó en 2018 instar al Gobierno a pleitear por Meirás "sin coste para el pueblo", el Estado también hizo constar expresamente en su demanda que no era su intención negar a los Franco una liquidación del estado posesorio como poseedores de buena fe en el caso de que la Justicia declaraba el pazo de Meirás patrimonio público.

El juzgado de primera instancia falló en 2020 que As Torres de Meirás eran del Estado y condenó a los Franco a devolverlas «sin liquidación del estado posesorio», pero la Audiencia provincial enmendó después este punto y ordenó indemnizar a los Franco como poseedores de buena fe desde 1975 (esta consideración obliga al Estado a pagar no solo los gastos de mantenimiento, a los que también tienen derecho los poseedores de mala fe, sino también por los de mejora y sin que los Franco tengan que «abonar a cambio los frutos percibidos y los que el poseedor legítimo hubiera podido percibir»).

El Gobierno se mostró inicialmente de acuerdo y anunció su intención de no recurrir, pero rectificó tras las airadas protestas de los memorialistas y el anuncio del Concello de Sada, al que se sumaron después las otras administraciones codemandantes, de recurrir este extremo. El Supremo ha rechazado ahora los recursos al entender que este cambio de criterio por parte del Estado dejaba a los Franco en una situación de «indefensión».

El ministro de Memoria Democrática afirma ahora que, según le han trasladado desde la Abogacía del Estado, esta parte del fallo «va a temer recorrido jurídico», aunque no concretó las vías. Según expertos consultados, los Franco deberán presentar ahora una propuesta de liquidación del estado posesorio. El Gobierno puede recurrir todos aquellos gastos que no considere acreditados y el juzgado decidirá.