La Valedora rectifica e insta a la Xunta a tomar medidas para garantizar el acceso al castillo de Corbeiroa

La Valedora do Pobo ha estimado las alegaciones de la Asociación Veciños da Obra al archivo de su queja por la falta de un acceso público al castillo de Corbeiroa, un Bien de Interés Cultural situado a caballo entre Sada y Bergondo que ha quedado encajonado entre un acantilado y el Albergue de la Marina Española. La institución encargada de velar por los derechos de la ciudadanía reconsidera su decisión inicial e insta ahora a la Xunta a adoptar "las medidas necesarias para garantizar un acceso público y efectivo, ordenado y compatible con las restantes condiciones de uso del entorno".

El Gobierno gallego se opuso a la demanda de los vecinos alegando que el acceso a la batería a través de la costa podía comportar un riesgo para la seguridad y sería, en todo caso, competencia del Estado y que no resultaba tampoco viable habilitar una entrada a través del albergue por "la propia naturaleza de las actividades desarrolladas" en este recinto de titularidad autonómica. "Están orientadas a menores de edad, por lo que no se aconseja que por el recinto deambulen personas ajenas a la instalación sin ningún tipo de control", argumentó la Dirección Xeral do Patrimonio.

La Valedora rechaza estos razonamientos y recuerda al Gobierno gallego que, según la ley de patrimonio, es su obligación "garantizar la protección, conservación, custodia y puesta en valor de los Bienes de Interés Cultural" y permitir la visita pública al menos cuatro días al mes. La institución presidida por María Dolores Fernández Galiño considera que los argumentos de la Xunta adolecen de sustento suficiente y que "no se acredita la concurrencia de una causa justificada que permita establecer una excepción al régimen general de visita pública previsto por la normativa".

Justificaciones "insuficientes" y carentes de "motivación"

En relación a las dificultades de habilitar un camino por la costa y la supuesta falta de competencias de la Xunta en esta materia, la Valedora replica que "no se acredita que el acceso por esta vía resulte materialmente imposible" ni tampoco se analiza la posibilidad de habilitar un acceso "mínimo o condicionado". Advierte además que la falta de competencia en el dominio público marítimo-terrestre "no elimina la obligación de garantizar los accesos al BIC" sino que "requiere la coordinación entre administraciones afectadas en sus respectivos ámbitos": "La situación descrita evidencia una falta de coordinación efectiva entre distintos órganos administrativos", censura.

Tampoco estima las justificaciones relativas a la supuesta inviabilidad de trazar una entrada a esta antigua batería a través del Albergue de La Marina. La Valedora considera que la Xunta no concreta los motivos de esa supuesta incompatibilidad de uso. "Se trata de una infraestructura pública con un uso limitado o estacional, lo que permitiría articular fórmulas de acceso compatibles con su actividad ordinaria", razona.

La institución llama la atención además sobre la cartelería informativa instalada por la propia Xunta a la entrada del castillo, en terrenos del albergue. "La presencia de elementos de interpretación en este ámbito constituye un indicio de que el acceso al mismo fue concebido como viable", advierte.

Por todos estos motivos, la Valedora recomienda a la Xunta a realizar una evaluación técnica sobre la viabilidad de establecer un régimen de acceso público en los términos que establece la ley "aunque sea limitado o sujeto a determinadas medidas organizativas". De no estimarse posible, añade, la Xunta deberá emitir una "resolución formal de dispensa con la correspondiente motivación".

"Un triunfo de la ciudadanía sobre la burocracia"

La Asociación Veciños da Obra, que puso en marcha una original campaña para rescatar este BIC "secuestrado por la falta de gestión administrativa", hizo pública hoy la resolución de la Valedora y celebra el "triunfo de la ciudadanía sobre la burocracia". El colectivo considera que el dictamen corrobora su denuncia de que el acceso a esta antigua batería levantada en el siglo XVIII está "restringido de forma arbitraria y discriminatoria".

"Unos simples ciudadanos han vuelto a ganar la partida a la todopoderosa Xunta, demostrando que el patrimonio es de todos y no puede quedar sustraído al goce de la ciudadanía por razones organizativas injustificadas", celebran sus integrantes.

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