El Superior certifica la condena de cuatro años de prisión y pago de 8 millones de euros a un empresario de Culleredo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratifica la condena de cuatro años de prisión y al pago de más de 8 millones de euros para un empresario de una compañía localizada en Culleredo por un delito de insolvencia punible. La Audiencia Provincial de A Coruña consideró probado que el acusado, que era administrador único de la entidad Solventea Innovation, situada en una nave del Parque Empresarial de Alvedro, había conseguido un préstamo reintegrable de 5 millones de euros de una ayuda pública para un proyecto de ingeniería en octubre de 2011. La Sala apunta en la sentencia que "la entidad incumplió las condiciones de la entrega", ya que devolvió solo una "pequeña parte de los intereses" y no realizó ningún tipo de actividad para la que se le concedió la subvención.

La empresa dejó de operar y atender a los pagos desde 2014, fecha en la que "ya presentaba unos ingresos muy inferiores a sus gastos de personal y sus deudas". Los magistrados apuntan que el acusado "omitió sus más elementales deberes de control administrativo y contable". Entre 2015 y finales de 2016, cuando la entidad se declaró en concurso de acreedores, el empresario no elaboró ningún documento de contabilidad, lo que "impidió que sus acreedores dispusieran unos mínimos conocimientos sobre la situación económica real de la empresa".

En 2018, el Juzgado de lo Mercantil declaró culpable a la empresa de no colaborar con la administración y no elaborar sus cuentas anuales e inhabilitó al empresario para administrar bienes ajenos. En 2021, cuando el juzgado decreta la extinción de Solventea Innovation, la entidad debía a la Agencia Tributaria 7,7 millones de euros y a la Tesorería General de la Seguridad Social más de 336.000 euros.

La Audiencia Provincial de A Coruña condenó al acusado a prisión por cuatro años, con el agravante de la cuantía y la titularidad pública de los créditos, así como a pagar ambas deudas a la administración, al entender que hubo una "descapitalización continuada" a través de transferencias a empresas vinculadas, evidenciando una "gestión irregular y riesgo para los acreedores".

El Superior rechaza los argumentos formulados en su recurso por el acusado, entre las que se apelaba a la caducidad de la instrucción, una infracción en la presunción de inocencia y que la pena no fue proporcional. Sobre esta última los magistrados dan la razón al Ministerio Fiscal y Abogacía del Estado a considerar "considerable" el daño económico y todavía más por ser dinero del erario. Contra esta resolución cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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