El Estado ve preciso "revisar" el deslinde del castillo de Corbeiroa por "inexactitudes"

El Estado se pone de perfil en lo relativo al cuidado y conservación del castillo de Corbeiroa y ve preciso "revisar" el deslinde por "inexactitudes". Al menos, esa es la respuesta del Gobierno central a una pregunta del BNG, que instaba al Ejecutivo a mover ficha, garantizar el acceso a este Bien de Interés Cultural situado en dominio público-marítimo terrestre e implicarse en su restauración.

El Gobierno matiza que las ruinas de esta antigua batería están situadas en la "coronación de un acantilado", en servidumbre de protección y tránsito, "aunque en el deslinde aparece inexactamente una porción en el dominio público marítimo-terrestre. Advierte de que el acceso público a este bien patrimonial "corresponderá a los titulares de dicha instalación", que "deben velar por su acceso adecuado y las condiciones derivadas de la declaración de Bien de Interés Cultural".

El Ministerio para la Transición Ecológica afirma en su respuesta "compartir la preocupación" del BNG y la asociación vecinal que impulsaron la campaña para recuperar esta antigua batería, pero recuerda que desde el 1 de julio de 2025 la Xunta de Galicia ha asumido las competencias del litoral en estas áreas, tanto en dominio público marítimo-terrestre como en servidumbre de tránsito y servidumbre de protección.

El Gobierno central se abre con todo a colaborar con las distintas administraciones en la recuperación del castillo, pero "siempre en el ámbito de las competencias que establecen la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Ley de Costas.

Un reproche de la Valedora

La respuesta del Estado choca con la que ofreció la Xunta hace unos meses. El Gobierno gallego se opuso a la demanda de Veciños da Obra de delimitar un acceso desde la costa o a través del Albergue de La Marina alegando que el acceso a la batería a través de la costa podía comportar un riesgo para la seguridad y sería, en todo caso, competencia del Estado y que no resultaba viable habilitar una entrada a través del albergue por "la propia naturaleza de las actividades desarrolladas" en este recinto de titularidad autonómica.

Esta respuesta le valió al Gobierno gallego un reproche de la Valedora do Pobo. La institución encargada de velar por los derechos de la ciudadanía recordó que es competencia de la Xunta velar por el acceso a los BIC y que no había quedado acreditado la imposibilidad de realizar un acceso por la costa ni la supuesta incompatibilidad de uso del Albergue de La Marina con la creación de un itinerario por su interior. "La situación descrita evidencia una falta de coordinación efectiva entre distintos órganos administrativos", lamentó en alusión a las competencias de las distintas administraciones.