El Superior rechaza paralizar las ayudas de transición justa de la Xunta recurridas por Cerceda y As Pontes

La batalla judicial y política en torno a la reconversión industrial de Cerceda y As Pontes por la descarbonización ha dado un nuevo paso, esta vez con el foco puesto en los beneficiarios reales de las ayudas. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado la suspensión cautelar solicitada por los dos Concellos coruñeses dentro del recurso que mantienen abierto contra varias líneas convocadas por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) y el Instituto Enerxético de Galicia (Inega), al considerarlas injustas.

El Superior ha rechazado la suspensión cautelar de las convocatorias al entender que las subvenciones y préstamos cuestionados no van destinados a las arcas municipales, sino a financiar directamente proyectos de inversión de empresas privadas. Al ser las compañías las beneficiarias de estas líneas de apoyo, la justicia considera que “no se aprecia un perjuicio directo a los Concellos recurrentes”.

La sala también indica que paralizar la tramitación de las ayudas sí habría provocado una “perturbación grave de los intereses generales”. Según recoge la resolución, congelar las convocatorias habría dejado sin cobertura a los “verdaderos destinatarios” de las partidas: empresas y emprendedores que aguardaban los fondos públicos para impulsar inversiones y reactivar la actividad industrial en los territorios afectados por el cierre de las térmicas.

Los alcaldes consideraban discriminatorio el reparto

Los Concellos habían acudido a los tribunales hace un año y pidieron la suspensión cautelar de las convocatorias ante el temor de que las ayudas se agotasen de forma irreversible mientras se resolvía el fondo del asunto. El conflicto arrancó después de que ambos Ayuntamientos denunciasen un “agravio comparativo” en el diseño inicial de los Fondos de Transición Justa. Cerceda y As Pontes defendían que sus territorios soportaban el mayor impacto del cierre de las centrales térmicas de Meirama y As Pontes, pero no recibían compensaciones directas específicas. La propuesta inicial de la Xunta preveía un reparto homogéneo de más de 100 millones de euros en toda la provincia de A Coruña, una fórmula que los alcaldes consideraban discriminatoria.

Sin embargo, a principios de año, el Gobierno autonómico aceptó modificar los criterios de distribución y anunció que Cerceda y As Pontes tendrían acceso al 50% de la línea de ayudas para proyectos vinculados a la descarbonización y la renovación industrial de compañías tractoras. Esa reserva supone 40 millones de euros, mientras que la otra mitad se repartirá entre una veintena de localidades limítrofes.

Pese a la rectificación de la Xunta, el procedimiento judicial abierto contra las convocatorias anteriores siguió adelante. Ahora, el Superior descarta que concurran los requisitos necesarios para acordar la suspensión cautelar de las ayudas, especialmente al no apreciar un perjuicio directo para los Concellos recurrentes y al advertir de la afección que tendría paralizar la tramitación sobre terceros beneficiarios. Los magistrados recuerdan que esta fase del proceso no sirve para resolver el fondo del conflicto, por lo que el debate sobre si los criterios iniciales de reparto eran o no equitativos deberá abordarse más adelante, en la sentencia principal. Es decir, el tribunal no avala todavía el diseño inicial de las ayudas, pero sí rechaza frenarlas mientras se resuelve el fondo del pleito.

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