El juzgado archiva provisionalmente la investigación por los contratos verbales del exalcalde de Cambre pese a apreciar “ilegalidades administrativas graves”

El Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones abiertas en relación con la gestión de contratos en el Concello de Cambre durante la etapa del exalcalde Óscar García Patiño, de Unión x Cambre (UxC). La sentencia aprecia la existencia de un “incumplimiento de la normativa administrativa en materia de contratación” y de “ilegalidades administrativas graves”, pero concluye que esos hechos no constituyen un delito de prevaricación administrativa.

Pero la resolución no es firme, y el actual Concello de Cambre, encabezado por la popular Diana Piñeiro, ha recurrido el sobreseimiento acordado por el juzgado al considerar que "existen indicios fundados e racionais de criminalidade". La apelación sostiene que no se trató de una simple irregularidad por falta de personal, sino de una estrategia consciente para "aparentar" actividad administrativa mientras se paralizaban o archivaban expedientes, manteniendo adjudicaciones directas sin licitación en servicios como agua, limpieza, iluminación o zonas verdes.

El recurso cifra en más de 14,5 millones de euros los pagos fuera de procedimiento a varias empresas y pone el foco especialmente en Augaservi, a la que una auditoría atribuía una deuda de más de 930.000 euros con el Concello. Es por eso que el Concello pide reabrir la investigación contra García Patiño y ampliarla a la también exalcaldesa de UxC María Pan, al asegurar que ambos crearon una estrategia basada en "fingir" actividad administrativa, además de "ignorar" continuas advertencias de la Secretaría Xeral.

Todo partió de una denuncia de Fiscalía

El procedimiento tiene su origen en una denuncia presentada por la Fiscalía por prevaricación administrativa. El caso se centró en la contratación verbal de servicios y suministros del Ayuntamiento. Según recoge la resolución, tras el examen de los contratos incorporados a las actuaciones, la mayoría habían sido debidamente licitados. Sin embargo, una vez finalizados, continuaron prestándose, principalmente por tratarse de servicios básicos y por no haberse vuelto a licitar, entre otros motivos, por la escasez de personal.

El auto también señala que el Ayuntamiento había iniciado diversos expedientes de contratación y recoge la existencia de un informe del Área de Urbanismo y Régimen Interior que apuntaba a la falta de personal para realizar esta labor, así como a la necesidad de nombrar funcionarios interinos. La jueza considera acreditado que el Concello de García Patiño trató de contratar conforme al derecho administrativo la mayor parte de los contratos verbales que no cumplían la normativa.

Con todo, el juzgado diferencia entre las ilegalidades administrativas y la existencia de delito penal. La resolución recuerda que la prevaricación administrativa exige que una autoridad o funcionario dicte una resolución arbitraria, contraria a Derecho, con conocimiento de su injusticia y con una finalidad ajena al interés general.

En este caso, la jueza subraya que la contratación verbal ya se venía realizando antes de que García Patiño ejerciese como alcalde. También destaca que no se aprecia que su actuación respondiese a un interés particular, sino que los contratos continuaron prestándose al tratarse de servicios básicos.

Sin embargo, el actual Gobierno de Diana Piñeiro afirma en su recurso de apelación que la conducta de Patiño y de Pan "non consistiu na omisión dalgún trámite non esencial, senón na omisión total, absoluta e sistemática do procedemento legalmente establecido para a contratación pública durante case 10 anos".