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La alcaldesa de Cambre, sobre el recurso al archivo de la investigación de los contratos verbales: "Os veciños teñen dereito a coñecer a verdade"

El Ayuntamiento de Cambre defiende la necesidad de agotar la vía judicial para esclarecer la gestión de contratos de servicios municipales valorados en 14,5 millones de euros durante la gestión del antiguo regidor

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, en un pleno.

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, en un pleno. / Iago Lopez

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Cambre

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, defendió este lunes el recurso del Ayuntamiento al sobreseimiento de la causa contra el alcalde, Óscar García Patiño, de Unión por Cambre, por la gestión los contratos municipales. La regidora señala que su Gobierno ha elevado la causa a la Audiencia Provincial por la obligación de defender los intereses de los vecinos y destaca que el recurso no supone un coste adicional.

La sentencia de archivo de las causas dictada por el Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña considera que hubo un "incumplimiento de la normativa administrativa en materia de contratación" e "ilegalidades administrativas graves", pero concluye con que estos no constituyen un delito de prevaricación administrativa.

El Concello de Cambre, sin embargo, recurre al considerar que se tiene que valorar una documentación que describe "una situación prolongada durante años" y que supuso más de 14,5 millones de euros abonados al margen de la legalidad.

"A nosa obriga é actuar, esgotar todas as vías legais ao noso alcance e defender os intereses do Concello e dos veciños", señaló la alcaldesa.

El recurso, además, sostiene que nunca hubo una "verdadera voluntad" de parte del entonces Ejecutivo de regularizar la situación de los servicios en precario. "En numerosos casos se produjeron actuaciones destinadas a crear una apariencia de actividad administrativa sin llegar a culminar los procedimientos correspondientes", defiende el Gobierno de Piñeiro, que señala que, aunque se abrieron los expedientes de contratación estos quedaron posteriormente paralizados o archivados por los responsables políticos.

Una de las razones por las que la jueza no había apreciado delitos de prevaricación porque considera que "por parte del ayuntamiento se ha tratado de contratar conforme al derecho administrativo la mayor parte de los contratos verbales" y que la escasez de personal en el consistorio habría afectado al avance de esta tramitación. El Concello pide que la Audiencia revise el resto de la documentación antes de cerrar la investigación.

El Gobierno municipal también apunta a la denuncia de la Fiscalía Provincial en la que se recoge que hay "indicios suficientes de infracción penal". "Non estamos ante unha opinión política nin ante unha iniciativa partidista", afirma la alcaldesa, que añade que este recurso "non supón gastar nin un euro máis dos seus impostos".

"Os veciños teñen dereito a coñecer a verdade, a que se esclarezan os feitos e a que o Concello defenda ata o final os seus intereses. A nosa obriga non é protexer a ningún exgoberno nin a ningún exalcalde. A nosa obriga é protexer ao Concello de Cambre, aos seus recursos públicos e aos veciños que os sosteñen cos seus impostos", concluye.

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