Oleiros ordena expropiar dos parcelas para completar la zona verde de Canide
El Gobierno local destinará más de 125.000 euros a la expropiación de los terrenos, los últimos de titularidad privada que impiden finalizar el parque de Canide

Parcelas que se expropiarán en la zona de Canide, en Mera / Gus de la Paz
Al igual que la urbanización de Canide, en Mera, avanza con paso lento pero seguro hacia su conclusión, también lo hacen sus zonas verdes. El Concello de Oleiros acaba de iniciar un expediente de expropiación para sumar al patrimonio público las dos parcelas que impedían completar la el parque de Canide, que hace de barrera entre la avenida de María Pita, que da acceso a la localidad de Mera, y las edificaciones existentes en la zona.
Las parcelas en cuestión, por las que el Concello desembolsará algo más de 125.000 euros, figuran en el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Oleiros como suelo urbano consolidado y calificadas como zona verde. De hecho, son las únicas parcelas de titularidad privada que restan para completar la mencionada zona verde contemplada en el Plan Parcial de Canide. Precisamente, la necesidad de completar la titularidad pública de esta zona es la justificación que esgrime el Gobierno local para proceder a la expropiación forzosa de estos terrenos, situados entre la avenida de María Pita y la rúa Hebrón, frente a la plaza de Belén.
El proyecto de expropiación recoge que las dos fincas están cercadas con una malla metálica y que una de ellas cuenta también con un muro de mampostería de piedra con una altura media de tres metros que previsiblemente se demolerá para dar continuidad a la zona verde. El documento califica de "deficiente" el estado de conservación de ambas propiedades, así como de las especies arbóreas que albergan, entre las que figuran un álamo negro, un aguacate o un limonero, entre otros. Concretamente, indican que se encuentran "en estado de abandono y sin mantenimiento por parte de sus propietarios".
El documento se fechó el 7 de julio. Ahora el Concello mantendrá el expediente a información pública por el plazo de un mes para que las personas que lo deseen puedan formular las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, en particular en lo que respecta a la titularidad o a la valoración de sus respectivos derechos.
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