Una vecina dependiente de Paderne se queda sin 28 horas de asistencia mensuales ante la falta de fondos municipales

Una vecina de Paderne gravemente enferma y encamada solo recibe 66 de las 94 horas mensuales de ayuda a domicilio que le reconoció la Xunta por su situación de dependencia, de grado tres. El Concello atribuye la falta de las 28 horas restantes a la falta de presupuesto y de personal para asumir la totalidad de la prestación.

Tras la reclamación presentada por la hija de la afectada, la Valedora do Pobo emitió una resolución en la que recuerda que la atención a la dependencia constituye un «derecho subjetivo de carácter obligatorio». La institución dio al Ayuntamiento un plazo de un mes para adoptar medidas y corregir la diferencia entre las horas reconocidas y las que efectivamente presta.

Durante el procedimiento de investigación, el Concello de Paderne explicó que la afectada ocupa el séptimo puesto en una lista de espera interna formada por usuarios que ya reciben el servicio, pero que aguardan una ampliación de su horario.

El Ayuntamiento dispone de un contrato de 11.693 horas anuales con una empresa concesionaria privada. Este límite técnico y económico, según la Administración local, dificulta la atención de una demanda creciente en un municipio marcado por el envejecimiento de su población.

Falta de recursos económicos en los Concellos

Pero las dificultades presupuestarias del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) no se limitan al caso de Paderne. Varios Concellos de la comarca aseguran carecer de recursos suficientes para aplicar de forma inmediata las ampliaciones de horarios reconocidas por la Xunta, como Arteixo y Cambre.

Las tensiones financieras en torno a este servicio público también han provocado fricciones políticas recientes en Culleredo, que inicialmente quedó fuera del convenio marco acordado entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para incrementar la financiación del SAF durante los próximos años. La aportación autonómica se sitúa en 16 euros por hora en 2026 y aumentará hasta los 17 euros en 2027 y los 18 en 2028.

La búsqueda de soluciones para garantizar la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia llegó también este martes al ámbito estatal. El Consejo de Ministros autorizó la transferencia de más de 900 millones de euros a las comunidades autónomas para cofinanciar prestaciones autonómicas y locales. La medida coincidió con la votación en el Congreso de los Diputados de la convalidación del real decreto ley de financiación y de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad.