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Memoria histórica

Crecen las quejas por el cierre del interior del pazo de Meirás a las visitas

Memorialistas instan a la Xunta a intervenir para garantizar el recorrido completo y afean al Gobierno central que sea más restrictivo que los Franco | La Consellería de Cultura replica que ya se lo exigió por carta al Estado sin obtener respuesta

Vista exterior del Pazo de Meirás, ubicado en Sada

Vista exterior del Pazo de Meirás, ubicado en Sada / CARLOS PARDELLAS / LCO

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Sada

El Estado es propietario desde hace cinco años y medio del pazo de Meirás. Primero, de forma provisional, tras la sentencia de primera instancia que decretó que la antigua residencia del dictador era patrimonio público. Y, ahora, como titular de pleno derecho al amparo del histórico fallo del Supremo del pasado marzo que arrebató de forma definitiva este baluarte del franquismo a los herederos de Franco.

Aunque el Gobierno central atesora desde el 10 de diciembre de 2020 las llaves de As Torres se da la paradoja de que, desde entonces, las visitas a este Bien de Interés Cultural son mucho más parcas. Los itinerarios se limitan a los jardines y solo se permite a los visitantes asomarse al vestíbulo y la capilla.

El Ejecutivo justificó esta racanería en los recorridos por la necesidad de acometer obras de mejora para garantizar la seguridad de los visitantes. Y sigue sin fijar plazos para la apertura total de este BIC ni para reactivar las negociaciones para avanzar en su resignificación y dotar a la antigua residencia veraniega de Franco de nuevos contenidos.

La falta de avances ha colmado la paciencia de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, que solicita la intervención de la Xunta de Galicia. Los memorialistas instan en concreto a la Consellería de Cultura a mover ficha ante el «incumplimiento constante de la Lei de Patrimonio Cultural», que obliga a abrir al público los Bienes de Interés Cultural al menos cuatro días al mes. «Sorprende que agora que o pazo de Meirás é un ben público a todos os efectos, sexa precisamente a etapa na que máis limitacións se dan á visita pública, o que contrasta coa etapa anterior na que os herdeiros do ditador Franco eran propietarios formais deste ben», critica el colectivo en un comunicado remitido a los medios.

Los memorialistas no ocultan su disgusto ante el hecho de que sea ahora el Estado el que incumpla las normas de modo «reiterado» y lamentan la «sorprendente inacción» de la Xunta «no exercicio das súas competencias e obrigas en materia de patrimonio cultural».

La Xunta afirma compartir el malestar por la limitación de los itinerarios por el pazo de Meirás, aunque no aclara si ha abierto algún expediente . A consulta de este diario, la Consellería de Cultura explica que remitió una carta al Gobierno central el pasado mes de abril para instarle a permitir la visita completa al inmueble. «Aún no tuvimos respuesta», revela.

Sin avances en la gestión

El pazo de Meirás sigue en un limbo administrativo a pesar de las solemnes promesas de resignificación realizadas por el Gobierno y de las reiteradas quejas de los memorialistas y de administraciones como el Concello de Sada, que envió el 10 de mayo una carta al Gobierno para instarle a mover ficha. Una misiva que ni siquiera recibió respuesta.

La Comisión pola Memoria reclama nuevamente la reactivación de las comisiones de trabajo previstas en el protocolo suscrito en 2021 para dar pasos en la «normalización democrática» del pazo de Meirás y convertir As Torres «en un espazo real de memoria».

La Xunta y el Concello de Sada reclaman también que se den pasos de cara a fijar el futuro modelo de gestión de este inmueble. La Consellería de Cultura recordó este martes que ya manifestó al Estado su disposición a gestionar el pazo de Meirás una vez se ejecuten las obras necesarias para «garantizar la seguridad y conservación de este bien».

Patrimonio del Estado suspende las visitas previstas para este viernes

El Gobierno informó este martes al Concello de Sada de la suspensión de las visitas programadas para este viernes. Patrimonio del Estado se limita a decir que está motivada por la necesidad de realizar gestiones en ejecución de sentencia. Todo apunta a que puede obedecer a la retirada de los bienes atribuidos a la familia Franco.

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