La Justicia ordena inscribir el pazo de Meirás a nombre del Estado y los Franco inician la mudanza

El Juzgado de Primera de Instancia número 1 de A Coruña ha dictado una diligencia en la que ordena al Registro de la Propiedad de Betanzos inscribir a nombre del Estado todas las fincas y edificaciones que conforman el pazo de Meirás y cancelar «las inscripciones registrales contradictorias» .

Esta resolución, emitida este 28 de julio, supone el paso definitivo para que As Torres de Meirás pasen a manos públicas y la culminación de un histórico litigio que arrancó en 2019 y que enfrentó al Estado, Xunta, Diputación y los ayuntamientos de Sada y A Coruña con los descendientes del dictador Francisco Franco.

El Supremo confirmó por unanimidad en marzo de este año que los nietos del dictador debían devolver este inmueble al Estado, aunque admitiendo el derecho de los herederos de Franco a ser indemnizados.

"Culminación dunha conquista histórica da cidadanía"

La inscripción del pazo de Meirás a nombre del Estado fue reclamada hace ya unos meses por la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica y el Concello de Sada, que celebró este miércoles un trámite con un hondo valor simbólico, ya que supone la «culminación dunha conquista histórica da cidadanía».

«Chegou o momento de abrir unha nova etapa centrada na apertura completa e estable do inmoble e na definición do seu uso público», defiende el Gobierno local de Sadamaioría, que reclama nuevamente al Estado la reactivación de las negociaciones para convertir el pazo de Meirás «nun verdadeiro espazo de memoria democrática» donde se compaginen los usos dirigidos a explicar la represión y el expolio de la dictadura con la divulgación de la propietaria original de As Torres, Emilia Pardo Bazán.

«O reto que temos agora por diante é conseguir que esta vitoria xudicial e democrática se traduza nun paso plenamente público, aberto e digno da súa historia. Meirás debe converterse nunha referencia mundial da dignidade democrática», defiende el alcalde, Benito Portela.

La demora en dar pasos para la resignificación de este baluarte del franquismo y proceder a su apertura completa ha propiciado reiteradas quejas de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, a las que se suma la Xunta, que afirma que pidió hace ya unos meses al Estado para instarle a permitir la visita completa a As Torres sin obtener respuesta. Tampoco han avanzado las negociaciones relativas a la posible cesión a la Xunta.

Retirada de más de 400 bienes

Coincidiendo con la orden judicial de inscribir el pazo de Meirás al Estado, los Franco han iniciado la mudanza. Los descendientes del dictador han comenzado a retirar los bienes que no fueron reclamados por el Estado, más de cuatrocientos elementos, incluido mobiliario de los salones, cuadros y otros elementos como los trofeos de caza, de valor cuestionable pero muy representativos de la etapa en la que As Torres fueron utilizadas como residencia estival del dictador.

Según ha podido saber este diario, los Franco ya han retirado en estos dos últimos días numerosos elementos en discretas incursiones en el pazo y siempre bajo la supervisión de personal de Patrimonio Nacional. En la lista de bienes que no reclamó el Estado alegando que no podía acreditar su titularidad figuran muebles, incluido uno de los conjuntos isabelinos de los salones; bargueños, consolas de pared, sillones, y numerosas piezas de porcelana tapices, lámparas, buena parte del mobiliario de los dormitorios del primer piso, varios cuadros, tapices, lámparas, alfombras o un altar portátil de madera ornamentada. El Gobierno ha logrado, eso sí, asegurar la permanencia en Meirás de casi 700 elementos, ya sea porque la Justicia los considera "inseparables" de As Torres o porque están vinculados al uso público del pazo como residencia de verano del dictador o a la etapa de Pardo Bazán.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña había dado luz verde ya a esta mudanza hace ya años, en 2023, pero los Franco solicitaron finalmente posponer la retirada hasta la resolución del proceso judicial. Esta mudanza supone culminación de la lucha por la propiedad del pazo de Meirás, aunque el Estado y los herederos del dictador todavía se enfrentarán en el juzgado por el importe de la indemnización para resarcirles por los gastos invertidos en el mantenimiento y mejora del inmueble desde 1975 hasta 2019.