La alcaldesa de Bergondo mantiene las competencias a Pilar Barja: "Este tema non nos vai a distraer da folla de ruta que temos marcada"

El auto de la Audiencia provincial que abre la puerta a la apertura de juicio oral contra la edil Pilar Barja al apreciar indicios de un supuesto delito de apropiación indebida en su gestión como tesorera de la ANPA de Cruz do Sar no pasará factura al gobierno de coalición de Bergondo. Al menos, por ahora. Así lo confirma la alcaldesa socialista Alejandra Pérez, que mantiene la confianza en su socia de Alternativa dos Veciños, en quien ha delegado la gestión del área de Desenvolvemento Económico, Formación e Participación Social. "Neste punto do proceso, non se vai a romper a coalición. É un asunto que está xudicializado, nun estadío aínda moi inicial, polo que temos que deixar traballar á xustiza. Cando teñamos unha decisión definitiva respectarémola, como sempre facemos, e actuaremos en consecuencia", apunta la regidora.

Alejandra Pérez afirma que la coalición "segue traballando con total normalidade" y deja al margen este proceso de la gestión ordinaria del Ayuntamiento. "Isto é un tema independiente da nosa labor de xestión municipal e, obviamente, non nos vai a distraer da folla de ruta que temos marcada", apunta la mandataria del PSOE, que siempre se ha mostrado reacia a pronunciarse sobre este caso.

Alternativa dos Veciños, por su parte, guarda silencio, al igual que la edil, que hasta ahora siempre ha mantenido su inocencia.

Como avanzó ayer este diario, Pilar Barja se enfrenta a cargos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil por su gestión como tesorera de la ANPA entre 2017 y 2023. La Justicia apunta a indicios de que habría "distraído 6.893 euros en su propio beneficio e interés" de las cuentas de la asociación. En su auto, el juzgado manifiesta sus sospechas de que Barja había contratado una tarjeta de crédito a cargo de la cuenta de la ANPA "con la que realizaba compras personales [... y para ello habría firmado en su propio nombre y en el de la presidenta el contrato". El juzgado constata que, "una vez advertida su conducta", la acusada "habría devuelto parte del importe, restando por restituir 1.455 euros".

El proceso parte de una denuncia de la ANPA As Mariñas a la que se ha sumado la Fiscalía como acusación pública.

En su auto, contra el que no cabe recurso, la Audiencia da por finalizada la instrucción inicial y abre la puerta a la apertura de juicio ante la existencia "indicios racionales de criminalidad" , aunque recalca que el proceso se encuentra todavía en una fase indiciaria y que la tipificación de los delitos en esta fase es provisional.

Este caso generó un importante revuelvo político cuando trascendió la denuncia de la ANPA, lo que llevó al PP y BNG a exigir explicaciones. Los populares llegaron a forzar un pleno extraordinario, aunque ahora guardan silencio. Su única manifestación la han realizado en redes, concretamente en Facebook, donde han compartido la información de este diario con un escueto comentario: "Impresentable...".

A consulta de este diario, el portavoz del BNG, David Carro, se mostró cauto y explicó que prefiere no pronuciarse hasta que el juzgado dicte sentencia.