El Tribunal de Cuentas cita a los exalcaldes de Cambre Óscar García Patiño y María Pan tras su investigación por las horas extras de la Policía Local

El curso político en Cambre arranca con un nuevo capítulo de uno de los casos más polémicos del Concello. El Tribunal de Cuentas ha citado a nueve personas, entre ellas los dos exregidores de Unión por Cambre, Óscar García Patiño y María Pan, para intentar aclarar los más de 560.000 euros abonados en concepto de horas extras a la Policía Local de Cambre entre 2020 y 2023.

El máximo órgano fiscalizador del Estado, tras más de un año de instrucción, da por válida la denuncia de la interventora municipal, que había remitido los pagos presuntamente injustificados de las gratificaciones a los agentes de la Policía Local entre los años 2020 y 2023 --cuando estaba en el Gobierno local Unión por Cambre-- a pesar del incumplimiento de la jornada ordinaria de trabajo.

Después de estas actuaciones previas, Cuentas cita a los exregidores Óscar García Patiño y María Pan, así como a la concejala Elisa Pestonit, entonces responsable de Seguridad Ciudadana, a Juan González Leirós (Que estuvo como alcalde en funciones), al antiguo interventor del municipio, además de a varios agentes y exmiembros del cuerpo de la Policía Local para la liquidación provisional del importe.

Este es el paso previo a la fase de enjuiciamiento y que, sin determinar todavía la culpabilidad, tiene como objetivo reparar el daño económico a las arcas municipales mediante el reintegro de los fondos, por lo que las nueve personas citadas tendrán que responder ante el órgano fiscalizador y demostrar su falta de responsabilidad en el caso.

En la citación, fijada para el próximo 7 de octubre en la sede del Tribunal en Madrid, se leerá el acta con el importe final que se considera como perjuicio, que incluye la cantidad inicial y los intereses devengados, además de lo que le podría corresponder abonar a cada acusado.

En la misma vista se determinará la liquidación definitiva y si los presuntos culpables deben cubrir alguna cantidad de esos 560.000 euros, incluso antes de poder defenderse en juicio. Esta exigencia puede realizarse mediante garantías sobre propiedades, el embargo de bienes o cuentas o la inclusión en las listas de morosidad.

El proceso entra después en una segunda fase, donde se hace un llamamiento al Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado y cualquier otra acusación particular para ejercer la acción judicial si así lo consideran, y a los acusados en caso de querer defenderse.

Las horas extra en los juzgados

El caso de las horas de la Policía Local se remonta al año 2022, cuando tanto la secretaria municipal como el interventor emitieron informes en contra y reparos al abono de las gratificaciones de las horas extras de las nóminas de agosto y septiembre de ese año por incumplir la normativa.

En 2023, la interventora actual advirtió en varios informes que el cuerpo de Policía había recibido el 59% del total de los pagos abonados por el Concello en todo el ejercicio de 2022. Por ello, la habilitada nacional creía "necesario" realizar un "estudio detallado de las jornadas ordinarias anuales de toda la plantilla con la finalidad de comprobar su cumplimiento y a los efectos de depurar, si existen, posibles responsabilidades".

En diciembre de 2023, el Juzgado de Instrucción Número 5 de A Coruña citó como investigado al exalcalde Óscar García Patiño por presunta prevaricación y malversación en estos pagos. La causa, todavía en instrucción, también ha llamado a declarar a la exalcaldesa María Pan, que en ese periodo de tiempo era la concejala responsable de Economía y Hacienda.

Estas investigaciones provocaron la huida de varios agentes de la Policía Local del municipio, dejando al servicio en mínimos y con carencias todavía sin resolver.

García Patiño dimitió como alcalde en marzo de 2024 apuntando al "bloqueo" administrativo del Concello y haciendo referencia a la "animadversión" de la secretaria e interventora municipales hacia él, lo que impedía pagar facturas a proveedores o contratos. Tras su renuncia, llegó a la Alcaldía María Pan.

El rechazo a la investigación

El Tribunal de Cuentas inició su investigación en marzo de 2025, tras la denuncia de la interventora. En el momento de apertura de diligencias este órgano dio al Concello la oportunidad para presentar alegaciones contra esta resolución, a lo que Pan, ya como alcaldesa, respondió negando que se investigara. Ese mismo día Pan, el 1 de abril, envió también una carta a los vecinos anunciando su dimisión.

En el escrito en contra de abrir diligencias, la exregidora de Unión por Cambre formuló una única alegación, en la que señalaba que estas presuntas irregularidades en los abonos de las horas extras "se están revisando tanto en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo como en el orden jurisdiccional penal" , por lo que consideraba que "carece de competencia la jurisdicción contable" para enjuiciar el asunto, por lo que pide el archivo de las actuaciones.

María Pan expresaba que, en ese momento, había hasta doce recursos interpuestos por agentes para cobrar esas extras a pesar de la consideración contraria de Intervención. A día de hoy hay, al menos, nueve sentencias en contra de estos pagos de diferentes tribunales, por entender que no se considera probado que estos policías hicieran realmente esas horas, mientras que la causa penal todavía continúa en fase de instrucción.

En el momento de presentar las alegaciones la secretaria municipal advirtió a Pan que el órgano competente para pronunciarse era el Pleno y no Alcaldía, y que ella no se iba a pronunciar sobre el contenido enviado al Tribunal de Cuentas.

Tras su dimisión y la investidura de Diana Piñeiro, del PP, como alcaldesa en abril de 2025, el Pleno dio la luz verde para personarse en la causa penal y continuar las actuaciones de Cuentas.

Los fichajes

El máximo órgano fiscalizador requirió durante la investigación datos sobre los responsables de la gestión económico-administrativa que dieran luz verde a esos pagos, que cifran en 565.000 euros. En concreto, reclamó facilitar los nombres y apellidos, DNI, direcciones actuales y correos electrónicos del "alcalde, concejales, secretario general, interventor, viceinterventor, tesorero o cualquier otra persona encargada de la gestión".

En los meses siguientes pidió el detalle de la documentación referida al número de horas que resultaron de los fichajes, así como la cantidad de horas extra que entran dentro del complemento específico de la Policía Local y el número de servicios extraordinarios ya pagados.

El pasado mes de julio requirió por tercera vez más informes, que el Concello envió en su empeño por mantener "unha postura de colaboración cos organismos encargados do control e fiscalización dos fondos públicos".

La alcaldesa, Diana Piñeiro, señaló entonces que "cando falamos dun procedemento relacionado coa xestión de recursos públicos, a responsabilidade dunha alcaldesa debe ser colaborar cos órganos de control, facilitar toda a documentación e permitir que se esclarezan os feitos con todas as garantías".

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