La empresa onubense Astipesca, propietaria de los nueve barcos que han estado inmovilizados más de un mes en puertos africanos y con tripulación gallega a bordo, ha presentado una suspensión de pagos que afecta a unas 350 personas, entre personal de tierra y tripulantes, según han indicado los trabajadores de la compañía.
Los empleados han dicho ayer que "era algo que se veía venir", ya que se habían unido circunstancias como que los trabajadores llevaban dos meses sin cobrar sus salarios, y ya había recibido varios avisos de corte telefónico, entre otras cosas.
El expediente de suspensión de empleo afecta a las empresas que dependen del propietario de Astipesca, como son Gabrielitos SA y Gabrielitos del Mar SA, frigorífico del Muelle de Levante de Huelva.
El grupo cuenta con cuarenta barcos, de los que diez están en Las Palmas de Gran Canaria y nueve en la costa africana, y también trabaja en países como Guinea, Senegal, Marruecos, Mauritania y Angola.
Mientras, los marineros gallegos y andaluces que habían sido abandonados por la empresa en Santo Tomé, en el país africano de Gabón, regresan hoy a España después de que este martes la compañía confirmase la compra de los billetes de avión al subdirector general de Acción Social del Instituto Social de la Marina, José Manuel Pérez.
El patrón del Ontre IV, uno de los barcos inmovilizados en el continente africano, Jesús Brión, confirmó que la empresa realizó el ingreso necesario para los 21 españoles. Los siete gallegos y tres portugueses que forman parte de la tripulación de estos barcos regresan a casa vía Lisboa.
Después de más de 33 días retenidos, los marineros empezaban a carecer de víveres y no podían desplazarse pues carecían de combustible en sus embarcaciones.
De hecho, el problema surgió cuando los barcos llegaron al puerto de Gabón para repostar unos 142.000 litros de gasóleo cada uno, lo que supondría un desembolso para la empresa de unos 776.000 euros. Cuando ya habían amarrado les comunicaron que la compañía no podía hacerse cargo del coste.
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) calculaba este martes que traer de vuelta a todos los trabajadores a sus casas supone una inversión de 22.000 euros y señalaba que "se va a abonar una parte del salario adeudado a los trabajadores de la sede en Huelva", una previsión que , según lo apuntado por los empleados de la empresa, puede quedar en suspenso.
