Los pescadores franceses, al menos los bretones, comparten con sus colegas gallegos la demanda de que la Unión Europea -que hoy comienza en Bruselas la negociación sobre las posibilidades de pesca en aguas comunitarias para el próximo año- realice el reparto de cuotas en función de los estudios científicos de biomasa y stock de las diferentes especies y no de acuerdo con "meras decisiones políticas". Pascale Christophe Hamel, que actuó como portavoz de la delegación de los cinco puertos pesqueros de Bretaña -coordinados por la Cámara de Quimper-, explicó ayer en Vigo que los pescadores bretones comparten con los gallegos y españoles tanto intereses y caladeros -Gran Sol- como problemas, entre los que destacó "la trazabilidad y el control de los productos pesqueros o los topes de capturas".
La escasez de cupos y las críticas al actual sistema de reparto que realiza la UE a la que aludieron ayer los pescadores bretones cobra hoy mayor relevancia al iniciarse en Bruselas las negociaciones sobre los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas para 2012. La propuesta de la CE plantea importantes recortes en algunas de las especies de mayor interés para la flota gallega, que cuestiona que se apliquen reducciones ante la falta de datos científicos sobre el estado de los recursos. La propia conselleira do Mar, Rosa Quintana, acude "con optimismo" a Bruselas, en representación de todas las comunidades españolas, y ayer avanzó que solicitará un incremento de las cuotas de especies como merluza, lirio, cigala o rape.
La responsable de la política pesquera gallega señaló que llevará a Bruselas datos científicos que acreditan la buena situación de los recursos y, aunque prevé "unas jornadas duras de trabajo", espera que el sábado, a su regreso, pueda "dar buenas noticias al sector".
Por su parte, la ministra de Medio Marino en funciones, Rosa Aguilar, acude a la negociación de la UE con la voluntad de pedir mejoras en el reparto de las posibilidades de pesca de especies como la merluza del norte y ya adelantó que rechazará que se apliquen reducciones drásticas y automáticas en las pesquerías de Gran Sol.
Mientras, la organización ecologista Oceana pretende que el Consejo de Ministros deje a un lado "los intereses a corto plazo" y fije unos TAC basados en criterios científicos al considerar que es "indispensable" para detener la "sobreexplotación" de los mares comunitarios. La organización denuncia que, pese al compromiso internacional de gestionar los stocks en base a criterios de sostenibilidad, los TAC de los últimos cinco ejercicios han sido de media un 40% superiores a los recomendados por los científicos.
