La flota palangrera de España y Portugal requirió ayer a los eurodiputados que frenen la próxima semana el plan de la Comisión Europea (CE) de protección de los tiburones, porque sus medidas amenazan la "supervivencia" de 13.875 empleos y supondrán un coste de 9,5 millones de euros anuales.
Para plasmar sus peticiones, armadores y mayoristas de pescado enviaron un escrito a los europarlamentarios para solicitar que rechacen el proyecto de Bruselas, que plantea endurecer la legislación y los controles para erradicar el cercenamiento -finning- de aletas de tiburón para luego devolver el resto del cuerpo del animal al mar, una práctica prohibida y que la flota gallega también rechaza. El próximo día 19 el Europarlamento votará el nuevo plan.
