La Comisión Europea ha abierto una consulta pública -desde el pasado lunes hasta el próximo 17 de junio- con el fin de recabar opiniones de los gobiernos, ciudadanos, empresas y de los sectores afectados para cambiar las normas sobre las ayudas estatales al sector de la pesca y la acuicultura. El objetivo es iniciar una modificación de las llamadas ayudas de mínimis en el ámbito pesquero, subsidios que los gobiernos pueden conceder a las empresas sin necesidad de notificarlos a Bruselas.
Para la pesca, en la actualidad los países pueden conceder bajo ese concepto un máximo de 30.000 euros por compañía cada tres años. Mientras, en el sector del transporte esas ayudas ascienden a un máximo de 100.000 euros cada trienio mientras en la mayoría de sectores las subvenciones son de 200.000 euros cada tres años. Estas diferencias provocaron que en 2008 -coincidiendo con la crisis del sector pesquero por los precios del gasóleo y la baja cotización del pescado en lonja- la flota gallega y española reclamase un incremento de los subsidios de mínimis de 30.000 a 100.000 euros
Bruselas inicia esta revisión en el marco de la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) y del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP) para financiar a este sector entre 2014 y 2020, según figura en la consulta, publicada en la web de la dirección de Pesca de la Comisión Europea.
Ante las últimas decisiones del Ejecutivo comunitario en materia pesquera -su pretensión de eliminar la pesca de arrastre y el plan de supresión de los descartes- los armadores gallegos consideran la decisión de Bruselas "una tomadura de pelo". "A qué viene ahora sacar las ayudas de mínimis a la palestra si lo que van a tener que dar, si siguen con esta política, es subvenciones para dejar la actividad", sentencia el presidente de la Asociación Provincial de Armadores de Buques de Pesca de A Coruña (Arpesco), Jesús Etchevers. "Es como querer ponerle una tirita a un enfermo con cáncer terminal. Ahora mismo las ayudas no harían falta porque, pese a la competencia desleal de terceros países, hay mucho pescado y las empresas se van defendiendo", añade el representante de los armadores coruñeses.
La posible modificación de las ayudas estatales, derivada de la consulta, afectaría también a la acuicultura, un sector que Bruselas ha defendido en numerosas ocasiones como clave para compensar la sobreexplotación de los caladeros, el descenso de la actividad extractiva y cubrir así la gran demanda de pescado existente en el mercado europeo.
Mientras, los eurodiputados socialistas españoles pidieron ayer a Bruselas que defienda los intereses de la flota española en el acuerdo de pesca que la UE negocia con Marruecos y en el que firmó en julio con Mauritania, cuyas condiciones rechazan. El PSOE exige a la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, que el pacto con las autoridades marroquíes se cierre "cuanto antes".
