El Parlamento gallego está decidido a hacer todo lo posible para que la propuesta de Bruselas de prohibir el arrastre de fondo y enmalle no salga adelante. Según las estimaciones de la Xunta, la aprobación de la medida supondría pérdidas de 80 millones a la flota gallega y pondría en peligro la actividad de trescientos buques de la comunidad y el empleo de 2.500 pescadores. Ante esta situación, la Cámara aprobó ayer una iniciativa por la que insta a la Xunta a solicitar a todos los eurodiputados españoles que se opongan a dar el visto bueno a las intenciones de Bruselas, al considerar que son "inexplicables e injustificables".
A principios de mes la Comisión de Pesca de la Eurocámara rechazó la propuesta de prohibición -con 19 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones-, pero la flota todavía no lo tiene todo de su parte, ya que la iniciativa tiene que pasar ahora por dos filtros: el del pleno de la Eurocámara y el del Consejo de Ministros de Pesca de los Veintiocho. Es por eso que el Parlamento gallego decidió ayer -a partir de una propuesta del popular Xosé Manuel Balseiro que recibió el apoyo de los socialistas y nacionalistas, mientras que AGE se abstuvo- tomar cartas en el asunto y exigir presión al Gobierno autonómico.
El texto aprobado insta a la Xunta a rechazar ante las autoridades comunitarias la propuesta de reglamento por la que se establecen restricciones aplicables a la pesca en poblaciones de aguas profundas en el Atlántico noroeste, especialmente a lo relativo a la prohibición del arrastre de profundidad. Igualmente, la iniciativa exige al Ejecutivo gallego recabar el apoyo de todos los eurodiputados españoles para pedirles que tumben la propuesta "en defensa de los intereses del sector pesquero gallego".
La iniciativa demanda, además, a la CE y al Ministerio de Agricultura que defiendan una modificación de la normativa comunitaria sobre la gestión de las pesquerías de aguas profundas que tenga en cuenta, "de una manera equilibrada", los factores ambientales, sociales y económicos y que sea compatible con el "mantenimiento" de la capacidad de la flota, su actividad económica y los empleos.
Y es que según las estimaciones de la Xunta -en concreto del secretario xeral do Mar, Juan Maneiro- la prohibición del arrastre de fondo y enmalle en aguas profundas afectaría a 160 arrastreros gallegos que faenan en aguas internacionales, Gran Sol y en el litoral cantábrico, así como a otros 140 buques de la comunidad que trabajan con artes de enmalle en la costa del Cantábrico. El Ejecutivo estima además en "alrededor de 80 millones de euros" las pérdidas que tendría que asumir la flota, mientras que se destruirían 2.500 puestos de trabajo en Galicia.
