Las protestas del cerco gallego están teniendo consecuencias, no solo políticas, sino también económicas. El armador y patrón mayor de Portosín, Eduardo Carreño, denuncia que recibió una propuesta de sanción comunicada por la Delegación del Gobierno en Galicia por los altercados producidos frente a las dependencias de la Xunta en San Caetano el pasado 7 de febrero, cuando varios manifestantes lanzaron pescado congelado y huevos contra el edificio. El importe de la multa asciende a 1.800 euros, algo que el "presunto responsable de los hechos", que asegura no serlo, considera "desmesurado". "Yo no soy el responsable de eso. Es cierto que hubo gente que lanzó el pescado, pero no yo. Solamente pedí el permiso para concentrarnos, y supongo que por eso me acusan", explica Carreño, que presentará un recurso contra la propuesta gubernativa.
La denuncia, a la que tuvo acceso este diario, recoge que los hechos que se le imputan a Carreño son el lanzamiento de huevos, pescado y bengalas contra el edificio de la Xunta, así como el hecho de quemar ropa y cajas de cartón del pescado. El texto recoge, además, el destrozo del mobiliario urbano de Santiago y la rotura de cristales en el edificio de la Xunta.
El presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, defendió ayer que la policía actuó en la protesta del martes "de acuerdo con los protocolos" habilitados para casos de "violencia" y advirtió de que ni ésta "ni las botellas ni las quemas" son "argumentos" admisibles.
