La Comisión Europea propuso ayer un nuevo sistema de autorizaciones con el objetivo de combatir la pesca ilegal y mejorar la supervisión, tanto de las embarcaciones comunitarias que operen en aguas de terceros países o en alta mar, como de los buques internacionales que desarrollen su actividad en aguas de la Unión Europea.
La nueva legislación, que la CE pretende aplicar a los buques comunitarios independientemente del marco legal del lugar en el que operen, no les permitirá la pesca en terceros países o en alta mar si no han obtenido de manera previa una autorización del Estado miembro del pabellón. Cada embarcación tendrá que demostrar que cumple con una serie de criterios que la UE considera esenciales, como que posee un número válido de licencias de la Organización Marítima Internacional y que no ha sido declarada culpable de alguna infracción.
Además de comprobar la información aportada por los buques antes de garantizar a autorización pertinente, cada país tendrá que compartir esta información en un registro oficial.
El ponente encargado de este dictamen es el español Gabriel Sarro, consejero del Comité Económico y Social Europeo, que contará con el asesoramiento como experto del secretario de la Confederación Española de Pesca, Javier Garat. "Es un anuncio que estábamos esperando porque ya hubo consultas con los agentes implicados", aseguró Garat. El secretario explicó que la intención de la CE es que se utilice el sistema español de validación de licencias privadas. Este método pasa por comprobar que todos los trámites para obtener una licencia con terceros países se hacen de forma "correcta", esperando a que el dinero pagado sea recibido por el tesoro del país en cuestión, con el objetivo de evitar "fraudes".
Bruselas defendió que este sistema facilita el control y aporta claridad legal y justicia al sector, "incluso en el caso de licencias privadas y reabanderamiento". De la misma forma, aseguró que los terceros países se beneficiarán de salvaguardas adicionales que suponen los "estrictos controles".
Vacíos legales
La noticia fue bienvenida por las ONG Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana, The Pew Charitable Trusts y WWF, que celebraron en un comunicado la propuesta. Las organizaciones apuntan que el proyecto afecta a "más de 15.000 buques" con bandera de un país comunitario que operan fuera de las aguas comunitarias.
Para las ONG esta propuesta permitiría cerrar ciertos "vacíos legales". Como ejemplo, aseguran que "existen pruebas" de operadores comunitarios que modifican la matrícula de un barco por la de una nación no comunitaria que no ejerce el mismo nivel de control sobre las prácticas ilegales y después vuelven a modificar el pabellón por uno de la UE para beneficiarse de subvenciones.
La propuesta deberá recibir el visto bueno del Consejo (países de la UE) y el Parlamento Europeo para entrar en vigor.
