La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores podría echar el cierre en menos de 24 meses. El motivo, un expediente abierto por la Secretaría General de Pesca según el cual la entidad debe abonar 42.108,26 euros debido a supuestas irregularidades en unos cursos de formación náutico-pesquera impartidos en el período 2008-2009, que amenaza su ya de por sí delicada situación económica.
Fuentes de la Federación de Cofradías, que preside el malpicán Genaro Amigo, aseguran que la empresa subcontratada, Salvacon Salvamento e Cointraincendios S.L., facturó 26.880 euros a la Federación por la realización de un curso de formación sanitaria específica avanzada. Posteriormente, la Subdirección General de Política Estructural de la Secretaría General de Pesca abrió un expediente, debido a que no se comunicó la realización del curso al Instituto Social de la Marina (ISM) y se aportó un acta de un curso de nivel inferior al estipulado inicialmente. El expediente imponía la devolución de los 26.880 euros otorgados para realizar el curso más 15.228,26 euros en concepto de sanción, lo que suma un total de 42.108,26 euros.
La organización pesquera recurrió la sanción ante el contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, y durante el proceso justificó su incapacidad de afrontar el pago mediante la entrega de un documento que acreditaba la negativa de una entidad financiera a concederle un préstamo, debido a la falta de garantías suficientes en los avales, aunque su recurso fue denegado.
La empresa Salvacon Salvamento e Contraincendios SL alega que el cambio de lugar de impartición del curso, que debía haberse celebrado en la localidad ferrolana de Vilar do Colo del 21 al 31 de marzo de 2009, puede ser el motivo por el de que muchas de las personas inicialmente anotadas no lo hicieran. A pesar de conocer estas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, otras organizaciones que tienen representatividad en el Consejo General del ISM continúan trabajando con la empresa.
Fuentes de la Federación indican que en el plazo máximo de dos años, y de no modificarse el actual sistema de subvenciones estatales, el máximo órgano de gobierno de las cofradías españolas (colaboradoras tanto del Gobierno central como de las distintas comunidades autónomas) echará el cierre a su sede social en la madrileña calle Barquillo.
La situación económica de la organización -a la que no contribuyen con sus pagos habituales varios miembros integrados en ella- es tan negativa que se prevé que este año se vuelva a cerrar con déficit. La póliza de crédito de la que dispone en la actualidad tiene un descubierto de 262.819,29 euros, y la única garantía de la que dispone es la sede social. La ejecutiva ya estudia poner a la venta la sede, aunque la decisión todavía no se ha tomado.
La autofinanciación de la Federación es actualmente imposible, por lo que de no mediar el Gobierno también comprometería la situación financiera de las federaciones provinciales, ya que su financiación depende en buena medida de los fondos provenientes de la Federación Nacional de Cofradías. Aunque hay casos, como el del País Vasco, de organizaciones provinciales independientes de la federación central.
