El número de afiliados al Régimen Especial del Mar en Galicia se redujo un 16,2% desde 2009. Pasó de 24.860 trabajadores a los 20.830 registrados en febrero de 2016, según datos del Instituto Galego de Estatística (IGE). El diputado de AGE, Juan Fajardo, esgrimió ayer estos datos en Santiago durante una rueda de prensa en la que él y la europarlamentaria Lidia Senra hicieron balance de la visita a Galicia que una delegación de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo realizó esta semana.

"La cifra asciende hasta el 20% si sumamos los datos de todo el complejo mar-industria", explicó Fajardo, que aseguró que se trata de una estimación "prudente", ya que no tiene en cuenta la "reducción horaria" que los trabajadores de la industria conservera "sufren" durante los últimos años. El diputado denunció que este "descenso" en las horas trabajadas se debe al aumento de las importaciones de mejillón, que ya viene limpio y por lo tanto necesita "menos" mano de obra.

Fajardo responsabilizó de estos datos a la gestión pesquera de la Xunta y calificó al presidente, Alberto Núñez Feijóo, de "sepulturero del mar". Pero el descenso en el número de trabajadores del sector es un fenómeno que se da desde hace varias décadas. Los datos del IGE señalan que en el año 2002 (primer año disponible) los afiliados al Régimen Especial del Mar ascendían a 29.948, por lo que la caída desde el inicio de la década pasada hasta hoy es del 30%. La flota atribuye esta situación a varios factores: La escasez de cuotas pesqueras por la política de la UE, la caída de productividad de las rías debido a la falta de saneamiento y la falta de relevo generacional en el sector.

Estos problemas forman parte del informe que la Federación Galega de Confrarías de Pescadores entregó a los europarlamentarios que visitaron Galicia durante la reunión que mantuvieron el jueves. El documento, hecho público ayer, sostiene que la Política Pesquera Común (PPC) impide la generación de empleo en el sector y provoca un efecto multiplicador, en el que cada euro no invertido o perdido repercute en toda la cadena de valor en tierra. Una PPC "generalista" e "injusta" porque establece los mismos criterios y restricciones para flotas o artes de pesca diferentes, como sucedió en el caso del xeito, una pesca "artesanal y selectiva" incluida dentro de la prohibición europea a las artes de deriva, aunque finalmente fue excluida. "El principio de estabilidad relativa que rige la pesca europea no tiene en cuenta la realidad de los países del sur de la UE", sentencia el informe.

Los pósitos denuncian en su escrito que los acuerdos del Consejo de Ministros para establecer los cupos de pesca anuales no son "objetivos" y "se equivocan", ya que los informes científicos en los que se basan se emiten "con años" de retraso. La federación también censura la "incertidumbre" que estas reuniones producen en el sector, ya que establecen los repartos de posibilidades de pesca a mediados de diciembre, poco antes de que acabe el año y comience la nueva temporada pesquera.

Las cofradías demandan, por otra parte, medidas para proteger la pesca artesanal y el marisqueo, actividades que "fijan empleo" en zonas alejadas de las ciudades. El informe exige por ello la exclusión de la flota artesanal del sistema de Totales Admisibles de Captura (TAC) y cuotas, así como el saneamiento "completo" de las rías gallegas y un "incremento" en el estudio de las mareas rojas que dote de mayor "seguridad jurídica" al sector.

Los pósitos critican, por último, los problemas con el sistema de regionalización de la PPC, y denuncian las "dificultades" que las organizaciones de productores tienen para tomar decisiones por su cuenta. Exigen, por ello, más representación en la toma de decisiones.