28 de julio de 2017
28.07.2017

La Justicia noruega dilata la resolución de la demanda de los ex marinos gallegos

El Tribunal Supremo del país nórdico insta a los afectados a agotar todas las vías previas, requisito para que pueda analizar su caso

28.07.2017 | 02:09

El Tribunal Supremo de Noruega denegó la solicitud de la asociación de ex marinos gallegos Long Hope -que estuvieron embarcados durante años en mercantes noruegos y reclaman a Oslo su pensión- de llevar directamente ante esta instancia su caso y dilata con su decisión el proceso judicial que comenzaron los afectados hace más de un año. El Supremo, según la entidad, considera que el recurso contra la sentencia del 28 de abril de 2017 del Tribunal de Primera Instancia de Oslo, que no ve vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores, debe presentarse ante otros tribunales de apelación "anteriores". "Noruega gana tiempo y nosotros lo perdemos, además de gastar más dinero en el proceso, pero ellos están en su pleno derecho", explicó el portavoz de la asociación, Alberto Paz, que denuncia que la resolución del Tribunal carece de "argumentos jurídicos de ningún tipo".

Long Hope representa los intereses de más de 12.000 jubilados -8.000 de ellos gallegos- que estuvieron embarcados en la flota mercante del país nórdico entre 1948 y 1994 pero que no cobran sus pensiones por los años trabajados. "Hacer que esto dure más beneficia a Noruega y perjudica a los marineros emigrantes debido a su avanzada edad y, en algunos casos, a su delicado estado de salud", lamentan los representantes de la asociación.

La intención de los exmarinos es llevar su caso ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, para lo que previamente deben agotar las tres instancias de la Justicia noruega. La resolución del Tribunal Supremo, sin embargo, alarga una "lenta agonía" a la espera de una decisión firme.

"Mientras, España se desentiende del asunto y mira para otro lado con absoluta frialdad", denuncia la asociación, que argumenta que una demanda del Ejecutivo español ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos agilizaría el proceso y supondría menos gastos económicos. Los exmarinos se sienten abandonados y acusan al Gobierno de no protegerlos ni defenderlos y de tratar a los emigrantes como si fuesen "personas clandestinas y condenadas a ser apátridas".

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