Los mares europeos, al menos aquellos que dependen de la hoy Unión Europea, nunca han estado tan regulados, tan controlados, tan dirigidos. Y, sin embargo, continúan estando mal sus poblaciones de peces, sea cual sea su especie. Por no decir que nunca han estado tan mal.

Lo está, dicen, la sardina. La situación no es mejor para el jurel. Ni tampoco la de la xarda o caballa. Se salva por los pelos la anchoa (y para esto, ojo, que nunca se sabe con exactitud lo que esta pesquería altamente comercial para los barcos españoles y franceses puede deparar para la próxima campaña). Se complica la vida de la merluza, la de la cigala, la del rape, la del bonito, la del atún...

Pero ¿qué es lo que hacen aquellos que regulan, que controlan, que dirigen y que cobran por realizar tales funciones? ¿Qué ha sido de aquellas campañas de recuperación de tal o cual especie por la que los barcos no tenían a esta como objetivo y a cambio recibían unas compensaciones económicas a las que nadie renunció y que se disfrazaban de "paradas biológicas"? ¿Cuánto dinero han ganado algunos armadores "amigos" por la concesión de campañas temporales de pesca que les permitían pescar, vender las capturas efectuadas y, por si fuese poco, beneficiarse de las ayudas concedidas por España y la UE para, teóricamente, informar del supuesto estado de la pesquería?

¿Quién exige responsabilidades políticas y económicas a aquellos que se han hartado de diseñar campañas de recuperación, distribuir cuotas, fijar cupos, marcar límites, favorecer acuerdos por ejemplo entre España y Francia o entre España y Portugal por aquello de la buena vecindad y el entendimiento para, al final, concluir que todo el sistema pesquero comunitario es un sonado fracaso porque apenas hay una especie o dos que alcanzan el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) que solo garantiza tales especies comerciales hasta que de nuevo la Comisión Europea y el Consejo de Ministros abran la mano y vengan las restricciones?

Dudo mucho que solo los barcos españoles practiquen sobrepesca. Y de ser así, a ver cómo lo demuestra la UE, sabedora como es de que los caladeros son compartidos y de que los barcos de otros países actúan en aguas que no son suyas de modo distinto a como lo hacen los nacionales tanto en días de labor como en cantidades a pescar.

Vean sino lo que acontece en el caladero nacional Cantábrico Noroeste, con barcos españoles, franceses, portugueses, irlandeses, alemanes y holandeses faenando en función de lo que se les autoriza pero, curiosamente, nunca se concede a los de pabellón español aquello que los de las otras banderas sí pueden pescar y vender en las lonjas locales sin temor a sanción ni reconvención alguna.

Para la flota española, sin embargo, hay avisos y multas, como en las corridas de toros.

Si la acción de un político se juzga por el resultado de su actividad como tal, y la del funcionario se tiene en cuenta para calificar aquella, ¿quién ha resultado avisado, multado, por no haber logrado los objetivos propuestos?

No solo no hay tales avisos o multas, sino que cuando se van encuentran esa puerta giratoria que les permite ganar más y mejor, por ejemplo en el seno de una organización no gubernamental, como ha ocurrido recientemente con una excomisaria de Pesca que marcó a sangre y fuego -como lo hicieron otros colegas suyos- a una flota, la española, que se redujo a menos de la mitad.

Y a pesar de todo, las pesquerías están mal. Fatal.