Los 193 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se comprometieron hace más de dos años a que el 10% de las aguas del planeta tengan la categoría de área marina protegida en el 2020, por lo que aplicarían unas medidas más restrictivas para la actividad pesquera en estas zonas con el objetivo de mejorar la biodiversidad. Un estudio promovido por armadores gallegos se rebela contra esta postura y plantea que, lejos de alcanzar sus metas, la ampliación de las áreas protegidas tendría un impacto negativo no solo a nivel económico y de empleo, sino también en la conservación del medio ambiente al agravar la sobrepesca.
El informe identifica el calentamiento global, la acidificación oceánica, los vertidos de petróleo, los sedimentos que provienen de tierra, los plásticos y la pesca ilegal como las mayores amenazas a la biodiversidad marina y advierte de que las zonas protegidas "no combaten" ninguno de estos focos de riesgo al tiempo que se "olvidan" de otras actividades como la extracción de petróleo.
La expansión de la superficie de las áreas marinas protegidas es una de las principales reivindicaciones de los conservacionistas y llevó a que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) marque unos objetivos más ambiciosos, del 30% para el 2030. Según el Comité Asesor Científico Técnico de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), esta iniciativa generaría unos efectos colaterales que agravarían el problema que precisamente se quiere solucionar.
"El objetivo de aumentar la abundancia de peces puede ser contraproducente", advierten los investigadores, que alertan de que mientras en la zona protegida se incrementa la cantidad, el efecto es contrarrestado en áreas contiguas con la pérdida de poblaciones. "La sobrepesca no desaparece, solo se mueve de área", remarca el estudio, que se inclina más por medidas como la prohibición de determinadas artes de pesca o la veda de especies concretas antes que por el cierre total de pesquerías.
Según el texto, la prohibición de capturar estos recursos provocaría un cambio en los hábitos de consumo, en el que la carne sustituiría progresivamente a la proteína marina y, además, generaría un peligroso efecto dominó que pondría en peligro a parte de los 140 millones de personas que viven de forma directa o indirecta de la pesca en todo el mundo.
Los que más verían peligrar su puesto de trabajo serían aquellos que faenan en las pesquerías posteriormente protegidas, que se verían obligados a parar su actividad o pasar a operar en zonas cada vez más cercanas a la costa, con lo que generarían "mayor presión sobre la flota de bajura o artesanal".
La WWF (el Foro Mundial para la Naturaleza) denuncia por su parte que los países de la ONU se encuentran lejos de cumplir sus objetivos, al señalar que solo un 4% de los océanos están protegidos en estos momentos. La limitada expansión de estas áreas, sin embargo, no fue un obstáculo para reducir los niveles de sobrepesca. "El 68% de las poblaciones de peces en aguas comunitarias atlánticas se encuentra dentro de límites biológicos seguros", recalca el estudio, lo que supone casi el doble que el 35% de hace apenas 15 años, en 2003. Mientras, según el texto, en aguas de Estados Unidos se redujeron a la mitad los stocks de las especies que están sobreexplotadas.
