El 16,4% de las inspecciones realizadas en 2017 en A Coruña al cerco originaron la apertura de un expediente sancionador, según el delegado provincial del servicio de pesca del Ministerio de Pesca, José Álvarez Robledo, que cifró el 134 los controles a este segmento -957 a todos los buques-. Dos de las principales causas son no comunicar los datos en tiempo y forma y no informar con la antelación suficiente del retorno a puerto. Álvarez Robledo también indicó que en 2017 se emitieron 74 resoluciones, de las que 48 fueron sancionadoras.

Mientras, el xefe territorial de la Consellería do Mar en Lugo, Pablo Fernández, explicó que cada vez hay más denuncias de particulares sobre irregularidades y que incluso las ilustran con fotos, como en casos de pescado de talla antirreglamentaria. En la provincia de Lugo, detalló, están en trámite tres expedientes derivados por la oficina de consumo.

El xefe territorial de la Consellería do Mar en Lugo, Pablo Fernández, aseguró ayer que la Xunta "entiende" que la flota podrá capturar sardina ibérica de agosto a octubre ya que, según las últimas estimaciones de los científicos, "ya hay más de un 10% de biomasa [que el año pasado]". La Comisión Europea aprobó el plan de gestión para la especie presentado por España y Portugal, que divide la campaña en dos periodos en los que se podrán capturar 7.300 toneladas en cada uno: de mayo a julio y de agosto a octubre. Bruselas, sin embargo, solo autoriza a los buques de ambos países a pescar el recurso en la segunda parte de la campaña si su biomasa mejora un 10%, cifra que ambos países deberán avalar con datos científicos.

Fernández informó al sector de las previsiones de la Xunta durante la segunda jornada sobre la pesca de cerco organizada por la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), titulada Inspección, control e réxime sancionador na pesca do cerco y celebrada ayer por la mañana en la Facultade de Dereito de la Universidade da Coruña. A este evento también asistió la subdirectora general de Control e Inspección de Pesca del Ministerio de Agricultura, Teresa Molina, que comunicó a los representantes de la flota que su departamento los va a convocar antes o después de Semana Santa para pactar el porcentaje de consumo de cuotas con el que procederá al cierre de las pesquerías antes de que los cupos se agoten. Molina también indicó que Pesca quiere que todos los barcos hagan la "declaración electrónica" de las capturas y que los de menor tamaño "podrían usar una aplicación para smartphone". En este sentido, recordó que hay subvenciones de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) para estas iniciativas.

Líneas imaginarias

El sector, por su parte, denunció el problema que le suponen a la hora de faenar los límites "imaginarios" entre aguas interiores y exteriores o entre zonas (como en Fisterra, donde chocan la IXa y la VIIIc). Varios de los asistentes remarcaron además que la obligación de manipular el pescado antes de entrar a puerto es peligrosa para la tripulación y que determinar la cantidad de producto que un buque lleva a bordo sin sobrepasar el 10% de margen respecto al peso exacto que estipula la ley es "muy complicado" debido a las condiciones propias de la actividad. La flota lamentó también que no está bien definido cuándo se produce la entrada de un barco a puerto, lo que lleva a que la interpretación sea diferente según el inspector, por lo que exigió "unificar" criterios para evitar discriminaciones.

Los representantes de las administraciones, tanto central como autonómica, expusieron la cuantía de las multas según la gravedad, explicaron los atenuantes y escucharon la propuesta de un asistente a la jornada que planteó la posibilidad de aplicar medidas alternativas como la inmovilización de los buques.