España dio carpetazo a la operación Sparrow 2 contra la pesca ilegal con la imposición de sanciones por valor de 8,26 millones de euros a tres empresas de Vigo, Marín (Pontevedra) y O Carballiño (Ourense), así como a ocho personas. Con esta nueva sanción, Madrid supera los 31,43 millones en multas por actividad ilegal a firmas gallegas desde que comenzaron las investigaciones hace tres años. En esta ocasión se trata de Frigoríficos Florindo e Hijos SL, Bacamar SA y Pesquera Piñeiro SL, a las que impone 1,2 millones a cada una por la explotación de dos buques vinculados con la pesca ilegal en el océano Antártico, el Thunder y el Tchaw, el primero hundido en circunstancias sospechosas en Santo Tomé en 2015 y el último amarrado en Vigo desde 2010.
El Ministerio de Pesca explicó que tras analizar "la abundante documentación" obtenida en las inspecciones realizadas en varias empresas de A Coruña y Pontevedra entre los días 28 y 30 de julio de 2015 "se dedujo la existencia de un entramado empresarial presuntamente dirigido a ocultar a las autoridades españolas la propiedad, gestión y explotación" de estos dos buques, ambos incluidos hace ocho años en la lista de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, en inglés) de la Unión Europea.
La firma Frigoríficos Florindo e Hijos SL tiene su sede en O Carballiño y en su página web muestra que entre sus principales especies objetivo está la merluza negra o austral, una de las más codiciadas por esta flota. Junto a ella también están Bacamar SA, en Vigo, y Pesquera Piñeiro SL, en Marín. Según el Boletín Oficial del Estado, el administrador único de las tres compañías recae desde 2017 en la misma persona: Florindo Otero González.
La sanción del Ministerio de Pesca también afecta a ocho personas "responsables de varias infracciones por mantener relaciones [...] con estos buques, prohibidas tanto por la normativa nacional como por la comunitaria y la internacional". Pesca les impuso una multa de 4,66 millones de euros y la inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras entre once y doce años y la prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas que van entre los doce y los catorce años.
El conjunto de sanciones por la operación Sparrow 2 se salda así con 13,59 millones de euros tras un primer expediente sancionador que culminó con una multa de 5,33 millones de euros a seis empresas -tres de Ribeira y tres de la comarca de Vigo- y seis personas relacionadas con los buques Viking y Seabull 22, ambos ya fuera de servicio.
La multa más grande, sin embargo, fue la derivada de la operación Sparrow, que ascendió a 17,84 millones. En aquella ocasión fueron identificadas nueve empresas y siete personas relacionadas con el clan gallego Vidal Armadores, de Ribeira, que explotaba los buques Kunlun, Songhua, Yongding y Tiantai.
